El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone coto al exceso de contratación temporal en las administraciones públicas. Una sentencia dictaminada por el recurso de varias profesoras italianas critica la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada y obliga a la Administración a dotar de estabilidad a los trabajadores que ocupan plazas de forma interina durante años. La repercusión de esta jurisprudencia comunitaria en la Comunidad Autónoma canaria puede afectar de entrada a unos 3.000 empleados temporales que acumulan más de una década de trabajo en la Administración.
La llamada sentencia Mascolo toma como referencia la Directiva 99/70/CE de 1999 relativa al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada para garantizar una igualdad de trato de los trabajadores y prevenir el abuso derivado de la utilización sucesiva de contratos o de relaciones laborales. El fallo del tribunal comunitario considera que esta utilización excesiva de la temporalidad es aplicable tanto en el ámbito del sector privado como en el público.
El abogado Manuel Martos representa a varios colectivos de interinos en distintas comunidades autónomas, entre ellas Canarias, y explica que este fallo obliga a la Administración pública a ser más "garantista" en la contratación de su personal. Martos recuerda que la sentencia se basa en una directiva que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. "El tribunal viene a decirle a todas las administraciones públicas que no pueden tener interinidades de 15 y 20 años sin darle estabilidad a los trabajadores porque ni siquiera convocan los procesos para darle fijeza a las plazas", señala el asesor legal.
Inestabilidad
Martos, que litiga en varias comunidades contra la inestabilidad laboral de las administraciones, afirma que "Europa falla y obliga a los gobiernos a ver las cosas que son lógicas y que todo el mundo sabe, es decir, que no se pueden tener a miles de empleados con contratos temporales o ocupando plazas de funcionarios durante años sin que se estabilicen sus puestos o sin convocar oposiciones". En su condición de letrado Martos ha presentado varias impugnaciones en representación de varios colectivos de interinos contra las oposiciones del Servicio Canario de Salud.
El departamento de Función Pública y los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma analizan esta y otras sentencias sin que por el momento se vea una repercusión inmediata, ya que la legislación básica sobre el acceso a la función pública corresponde al Estado.
Los sindicatos estiman que la prolongación de contratos temporales afecta sobre todo el personal laboral de la Comunidad Autónoma y de los cabildos y ayuntamientos. En el caso de la Administración autónomica hubo un compromiso de realizar un proceso de estabilidad y consolidación de plazas para convertir al personal laboral en fijo. Sin embargo, esta normativa no afecta a los empleados que trabajan en la Administración General de la Comunidad Autónoma antes de 2005, que son unos 3.000 y que acumulan hasta más de 15 años de antigüedad. Estos empleados podrían hacer valer sus derechos tomando como referencia esta sentencia comunitaria, a tenor de lo que reflejan las centrales sindicales.
Situación distinta es la de Educación y Sanidad, sectores donde se acumulan cerca de 50.000 empleados y donde la normativa es clara ya que para entrar con plaza la normativa española exige un concurso oposición por parte de la Administración y es el Estado el único que tiene la potestad para cambiarla.
