La lucha contra el fraude fiscal en Canarias permitió aflorar el pasado año 242.856.970 euros. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que confirmó que ésta es una tarea prioritaria para el Ejecutivo, que dispone de 16 inspectores actualmente y ha suscrito un convenio con la Policía Autonómica para tener dos agentes especializados en esta materia en cada provincia.
En respuesta a una pregunta del diputado de Podemos Juan Márquez, el dirigente nacionalista admitió que "posiblemente sea insuficiente" la dotación económica dedicada a luchar contra el fraude, pero prefiere recortar en esta partida antes que en los fondos para la ley de Dependencia, el gasto sanitario o educativo o en la Prestación Canaria de Inserción.
Márquez denunció que el Gobierno regional incumple la Ley de la Agencia Tributaria, al recortar en el presupuesto de 2016 los fondos destinados a la lucha contra el fraude fiscal. Explicó que la norma establece que en los cuatro primeros presupuestos de la Agencia Tributaria se proceda a incorporar las cantidades que se retienen a cabildos y ayuntamientos para financiar los costes de recaudación del Régimen Económico y Fiscal, un 4% del total líquido, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 42 millones de euros. Sin embargo, en las cuentas de 2016, los créditos asignados apenas superan los 30 millones.
Márquez destacó que el fraude fiscal representa el 28% del PIB en las Islas.
En cambio, Clavijo negó que se incumpla ley alguna y subrayó que "las grandes fortunas y la evasión de capitales le competen al Estado".
Explotación laboral
Por otro lado, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Patricia Hernández, avanzó que se multiplicarán las inspecciones de trabajo en el sector de la hostelería y "en los sitios en que hay más contratos a tiempo parcial". El anuncio se enmarca en el plan contra la explotación laboral que diseña su departamento, que pretende garantizar que esa inspección "no perjudique a los empleados". Insistió en que el Ejecutivo "está del lado de los trabajadores y de los empresarios que cumplen la ley".
