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"Los primeros en hacer pedagogía y respetar la ley deben ser los políticos"

Celsa Pico Lorenzo, magistrada del Tribunal Supremo, se estrenó en Guía, donde fue la tercera mujer al frente de un juzgado

"Los primeros en hacer pedagogía y respetar la ley deben ser los políticos"

De Barcelona a Guía. ¿Cómo fue ese cambio?

Muy grande. La diferencia con la Península era abismal, Canarias dejaba la agricultura, ese era su gran cambio. Recuerdo que tuve la última huelga de la zafra del tomate. La sociedad canaria era absolutamente distinta la urbana.

¿Qué realidad se encontró en el Juzgado de Guía?

Una de las cuestiones más significativas fueron las indemnizaciones por los accidentes de tráfico. Entonces no funcionaban los baremos orientativos, y los muertos en Canarias no valían nada en relación a las indemnizaciones que se daban en la Península. Eran los años ochenta y cambiar esa dinámica fue importante.

Unos dicen que fue la primera jueza de España, otros que la tercera. ¿Quién lleva razón?

Antes aprobó Josefina Triguero. En mi oposición aprobamos tres mujeres, dos juezas, que vinimos a Canarias, y una fiscal.

A parte de esa huelga del tomate, imagino que se encontró con mucho machismo.

Lo de la zafra era más complicado por la poca escolarización de los niños. Tuve que lidiar con tres autobuses llenos de familias detenidas por la Guardia Civil. Reclamaban un aumento de 50 centímetros por tonelada de tomate recogido. Machismo exactamente no, pero sí había mucha conflictividad. Los calabozos de Guía estaban bastante llenos de hombres que pegaban a las mujeres, aunque entonces no se llamaba violencia de género o doméstica.

¿Cuál era su jurisdicción?

Muy amplia, media Isla.

¿Estaba al cargo de media Gran Canaria?

Sí, siempre hacía esa broma, porque media Isla pertenecía al partido judicial de Guía. Maspalomas no, pero sí desde Puerto Rico a Mogán, con el inconveniente, además, de que tenías que atravesar dos partidos judiciales para llegar el Sur, el de Las Palmas y el de Telde. Hasta San Nicolás de Tolentino se podía llegar, pero por una carretera mala. El juez que estuvo antes, Clemente Auger, me contaba que iba a La Aldea en falúa.

Mucho no se ha mejorado...

Lo sé, me acordé de todo eso a raíz de las lluvias y de los desprendimientos de estos días. Antes, entre La Aldea y Mogán sólo había un camino de tierra. Si ocurría un conflicto en el Sur, recuerdo que tenía que dar la vuelta a la Isla.

También fue la segunda mujer en llegar al Supremo.

Hemos avanzado mucho, en todas las Salas, menos Civil, hay mujeres. El ingreso masivo de mujeres en la carrera empieza en los 80. De ahí la demora en llegar al Supremo, aunque podrían nombrar más para equipararnos a otros países.

¿En qué quedó la protesta contra el presidente del TS por usar un lenguaje sexista?

Bueno, el Consejo General del poder Judicial tiene marcadas unas pautas para no utilizar un lenguaje sexista. Por eso se recordaron esas normas. Ahora las tiene presentes y también dirige las comunicaciones a las magistradas , no sólo a los magistrados.

¿Es tan grave la situación en Cataluña?

Una cosa es lo que dicen los políticos y otra el día a día. Creo que no hay especiales conflictos en ese sentido. La llamada declaración de desconexión no parece algo tan complejo, creo que encontrarán una solución. No se cuál, eso está en manos de los políticos.

¿Alguna recomendación?

El único consejo que se puede dar es el respeto a la legalidad. Los primeros en hacer pedagogía y respetar las leyes votadas en los parlamentos tienen que ser los políticos. Las cosas han de cambiar por la vía legal

¿Cumple la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Canarias en sus resoluciones?

No me constan especiales problemas. Pero revocar una sentencia no es el problema, sino la vigilancia para que las sentencias se cumplan. Siempre he dicho que en lo Contencioso nos faltan las herramientas que tienen los jueces de instrucción para recurrir a la policía. Podemos ordenar la demolición de un edificio y pedir que se abran diligencias penales si no se cumple, pero es un mecanismo muy complejo. Los nórdicos, que vienen de turismo a Canarias, se echan las manos a la cabeza cuando les explicas que aquí se publican libros sobre la ejecución de sentencias. En esos países se cumplen y ya está.

¿Qué hacemos con la Biblioteca del Estado?

La Sala de Canarias es la que tiene que tomar las medidas en relación con la sentencia del Supremo. Lo triste es que no es un supuesto único. Hay demasiados casos en los que se buscan todos los subterfugios posibles para incumplir las sentencias urbanísticas.

¿Es factible expropiar los derechos de ejecución pare evitar el derribo de la Biblioteca?

Es una posibilidad que establece la ley, aunque pocas veces se ha hecho uso de la misma. Habrá que ver cómo se articula porque no es procedimiento común.

García-Otero acaba de renovar como presidente de la Sala en Canarias.

Sí, lo conozco, creo que ha hecho una buena labor. El reto ahora es colaborar para implementar el nuevo recurso de casación.

¿Algún tirón de orejas alas administraciones canarias ?

Tuve que dictar una sentencia sobre las Carnavales de Las Palmas, una cuestión que no debió de judicializarse porque la justicia no siempre tiene la solución adecuada para ese tipo de situaciones.

Hace año y medio casi se suspenden los mogollones...

No lo sabía, pensaba que estaba solucionado.

¿El Everest o el K2?

Sólo hago montañismo. Lo máximo son 5.500 metros en Annapurna, el Himalaya.

¿A qué candidato a las presidenciales se llevaría de pateo?

No los veo muy montañeros, no tengo la sensación de que utilicen la montaña para desconectar.

Los ciudadanos opinan que los gobiernos están más preocupados en controlar a los jueces que en dotarlos de medios.

Algunos miembros de la carrera nos hemos quejado de que las últimas reformas dan más poder a los partidos para nombrar a los vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Esto requiere un cambio de clase política más que de legislación, de mentalidad, para no politizar las instituciones como en Italia. La Administración de Justicia es cenicienta del poder político. No sirve hacer grandes edificios si no hay más recursos para los jueces.

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