El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena Gómez, calificó ayer de "histórica" la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el próximo seis de diciembre.

El magistrado presentó en la capital grancanaria el libro La Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, que ha escrito junto al abogado y catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuellar Serrano. Ambos presentaron la obra en la sede del instituto ICSE, en un acto en el que también intervinieron el presidente del Tribunal Superior de Canarias, Antonio Doreste, el fiscal superior, Vicente Garrido, y el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, entro otras autoridades como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que cerró las jornadas.

Marchena considera que la reforma esconde, bajo su carácter parcial, una modificación de alcance histórico porque es "la más ambiciosa desde los tiempos de su versión original" (la ley se aprobó en 1882 y desde entonces ha sido objeto de numerosas actualizaciones).

Nuevos medios tecnológicos

El jurista destacó la regulación del empleo de las nuevas tecnologías en la investigación penal, como la utilización de GPS para lograr la localización del sospechoso, el registro remoto de los ordenadores -siempre bajo autorización judicial y con duración limitada- y el empleo de dispositivos de grabación de la imagen y sonido, incluso en recintos cerrados y también con autorización del juez. Otro aspecto novedoso es la reducción de la duración de las escuchas telefónicas, que no podrá exceder de 18 meses.

Marchena hizo hincapié en la importancia de que esos medios tecnológicos "no se conviertan en un instrumento incontrolado al servicio de los poderes públicos". Por eso reclamó que la autorización judicial no se conciba con un "sabor burocrático", sino que "encierre un verdadero acto jurisdiccional de finalidad garantista".

Asimismo destacó la importancia de cambiar el recurso de casación, pues abre el Tribunal Supremo a recursos contra sentencias que, hasta ahora, no tenían acceso a la casación penal. Esto contribuirá a avanzar en el proceso de unificación interpretativa. También se crea un nuevo procedimiento para hacer eficaces las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, materia sobre la que no había una regulación específica. El Supremo "ya no está solo" y las sentencias del TEDH y del Tribunal de Justicia de la UE cada vez tienen más influencia en la interpretación de los derechos humanos.