El sistema jurídico está llamado a ganar en eficacia durante la próxima legislatura. Rafael Catalá, ministro de Justicia, admite que el servicio que ofrecen los juzgados y tribunales puede mejorar con la puesta en marcha de un modelo eficiente y productivo más que con la elaboración de nuevas leyes o códigos. El titular de Justicia señaló ayer durante la conferencia La transformación de la Justicia: hechos y retos que impartió en el Colegio de Abogados de la capital grancanaria -uno de los más antiguos de España con casi 250 años de andadura- que "hay que avanzar con intensidad en este camino porque hasta ahora no se ha hecho nada". A su juicio, para configurar la Justicia como un verdadero servicio público es necesario un sistema de organización eficaz.

En este sentido, el ministro de Justicia sostuvo que toda la estructura debe acompasarse al ritmo de transformación de una realidad socioeconómica "cambiante y compleja" para responder rápidamente a las demandas de la ciudadanía.

Pero antes del balance realizado por Catalá sobre los cuatros años de legislatura, le tocó el turno a Joaquín Espinosa, decano del Colegio de Abogado de Las Palmas, quien definió los tres años de Alberto Ruiz Galladón al frente del Ministerio de Justicia como "horrorosos para la abogacía". Espinosa recordó que el entendimiento con el antecesor de Catalá fue imposible, tanto que llegó a declarársele "persona non grata". Una circunstancia totalmente diferente a la actual y que hizo posible la revocación de la implantación de las tasas judiciales. Con esta acción se tomó, además, una decisión en contra a la voluntad de su impulsor, el también excalcalde de Madrid.

Esta medida, calificada de "contrarreforma" por Catalá, puso fin al clamor social y a las demandas de algunos sectores de la judicatura que consideraba que éstas creaban un grave perjuicio a parte de la ciudadanía. El ministro de Justicia justificó la puesta en marcha de esta medida por la situación económica que se vivía en enero de 2012 y por la existencia de "importantes desequilibrios". Una vez superado lo peor de la crisis, justificó, fue posible "dar marcha atrás" en febrero y regresar a la misma configuración de tasas de 2003.

Por otra parte, Catalá defendió las reformas llevadas a cabo en el Código Penal e impulsadas por él que responden, según explicó, a nuevas formas de delinquir que evidenciaban ciertas lagunas. "Se critica que cada gobierno quiere hacer el suyo, pero durante este mandato no ha existido paternidad legislativa", aseguró.

Asimismo, lamentó que exista una percepción negativa de la Justicia "excesivamente crítica". Esta circunstancia está ligada, según apuntó, a la visión politizada que existe de la misma, un hecho que "no se corresponde con la realidad". Sin embargo, el ministro no descartó que el modelo de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -elegidos por el Parlamento- sea revisado en el futuro porque no parece el más acertado. Asimismo, invitó a todos a seguir trabajando para detectar dónde radica esta impresión desfavorable.

Acompañado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y ante un público compuesto por cargos del PP y operadores jurídicos, Rafael Catalá defendió que en un Estado de autonomías como el español no se puede permitir "diferentes velocidades en el acceso a la Justicia" con distintos sistemas informáticos judiciales por el agravio comparativo que ello supone. En este sentido, indicó que la identificación de la modernización también reside en la integración de las nuevas tecnologías, pero reconoció que la Justicia está muy retrasada en este aspecto. En comparación con otras áreas, el sistema jurídico se encuentra a la cola sin que el propio ministro logre concretar la "maldición" que conduce a esta situación de forma permanente.

Durante su exposición, Catalá también incidió en la excesiva dilación que acompaña la resolución de determinados litigios y que solo representarían, según sostuvo, el 5% del total. No obstante, y con el objetivo de agilizar la función jurídica, confía en que la despenalización de faltas menores y la imposibilidad de que los asuntos sin autor identificado lleguen a manos de jueces ayuden a ello.

José Manuel Soria aprovechó la ocasión, por su parte, para hacer balance del mandato del PP y admitir los errores cometidos. Así, reconoció que el Gobierno "ha fallado en hacer política y en estar cerca de la gente". Entiende que la gestión de la crisis provocó la pérdida de un importante caudal de votos en las últimas elecciones, al igual que no haber sido más tajante con casos de corrupción surgidos en la anterior legislatura. Victoria Rosell, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas, también estuvo presente en esta cita y subrayó que no entendía la presencia de Soria ni sus mensajes electoralistas en un encuentro jurídico.