La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, prometió ayer a los consejeros de Servicios Sociales de los cabildos insulares que al menos el 10% de los fondos procedentes del antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (ITE) se destinarán a nuevas infraestructuras sanitarias y al desarrollo de la Ley de Dependencia. Sin embargo, esta decisión entra en contradicción con los criterios establecidos por el presidente Fernando Clavijo para el Plan de Desarrollo y Cohesión de Canarias (Pdcan), que no contempla infraestructuras que generen más gasto público como son las sanitarias o las sociales.
El jefe del Ejecutivo regional ha señalado que el objetivo del Ejecutivo es que los 160 millones de euros anuales procedentes del ITE se destinen a inversiones productivas. Por ello las infraestructuras sanitarias o las sociales seguirán financiándose a cargo del presupuesto autonómico. Avisa, al respecto, que aunque sea ese el camino por el que adentren las corporaciones locales será el Gobierno el que tenga la última palabra.
En estos momentos hay 8.962 plazas sociosanitarias en Canarias y si hubiera ahora mismo 4.000 más se cubrirían las necesidades actuales, que son más "evidentes" en las islas de Tenerife y Fuerteventura, indicó Patricia Hernández, en defensa de su propuesta. La vicepresidenta está convencida de que el desarrollo de la ley de dependencia generará no solo un retorno social sino también empleo.
La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, la socialista Elena Máñez, manifestó que "no entiende en absoluto" que, en el marco de los criterios que se establecen para repartir los fondos del ITE, se considere que las inversiones sociosanitarias no sean una prioridad. Máñez explicó que se trata de inversión pública que genera empleo en la construcción y, además, se crean nuevas plazas sociosanitarias y, a la vez, supone empleo estable y de calidad.
"Hay una necesidad de plazas urgente y hay un incumplimiento constante de la ley de dependencia, mermada por el Gobierno de España", manifestó Hernández en defensa de su tesis.
Asimismo, vicepresidenta y consejeras insulares acordaron crear una comisión con la participación de los cabildos y del Gobierno para ver las carencias que hay en cada isla, que por el momento no ha podido precisar.
