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Investigación disciplinaria a Rosell Una operación que salpica a la candidata de Podemos

Sosa negoció con la UD mientras Rosell investigaba a Ramírez

El fiscal no ve indicios delictivos en el club ni en su presidente mientras indaga una infracción disciplinaria de la juez. La magistrada y el empresario inisisten en que conocieron el acuerdo después de que dejara el juzgado para ir con Podemos

Sosa negoció con la UD mientras Rosell investigaba a Ramírez

La Unión Deportiva Las Palmas comenzó a negociar la adquisición de la frecuencia de radio de Carlos Sosa cuando Victoria Rosell aún era titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria e investigaba al presidente de la UD por varios delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, según el relato de los hechos que ayer hizo Miguel Ángel Ramírez, propietario del Grupo Ralons y presidente del club amarillo.

La juez, que obtuvo la excedencia el 22 de octubre para presentarse a las elecciones generales con Podemos, es la pareja del periodista Carlos Sosa, director del periódico digital Canarias Ahora y administrador de Clan de Medios, Comunicación y Marketing, sociedad que finalmente cerró un contrato de servicios con Productora Audiovisual Unión Deportiva Las Palmas para que Radio UD emitiera por su frecuencia modulada (93.8 FM). La Fiscalía de Las Palmas ha abierto diligencias para investigar la operación porque considera que la magistrada debió renunciar a la causa abierta contra Ramírez desde el inicio de esas negociaciones. Las pesquisas se centran en la actuación de la juez y no en Ramírez ni la UD.

El empresario, igual que Rosell, convocó ayer una rueda de prensa para explicar la naturaleza del acuerdo con Carlos Sosa. "Me enteré de lo de Clan de Medios el 23 de octubre, y la señora Victoria Rosell ya no era la jueza que instruía mi causa. Por lo tanto no estoy incumpliendo nada", sostiene Ramírez, que trazó una cronología de la operación para defender la legalidad de su actuación.

Inspección y sanción

El Club, según su versión, empezó a buscar una frecuencia para emitir sus programas el 23 de septiembre. Antes, en agosto, recibieron una inspección del Gobierno de Canarias y éste les advirtió con sanciones de hasta 200.000 euros si seguían emitiendo sin autorización administrativa. El equipo amarillo solicita por carta que le dejen de plazo hasta el 30 de diciembre, con el argumento de salvar los compromisos publicitarios, y tanto el director de UD Radio, Ruymán Almeida, como el director general, Patricio Viñayo, inician las gestiones para buscar una solución, pues es la primera vez en diez años que reciben una advertencia tan seria y está en juego la continuidad de la radio.

Luego, prosigue Ramírez, es Almeida quien contacta con Antonio Rizo, propietario de Serviradio, y le explica el problema para ver si tenía información de alguna emisora con la que llegar a un acuerdo. Éste le pone en contacto con Fernando Ortega, director y dueño de Todo Radio, que emitía a través de la emisora de Sosa.

Lo que sabía Sosa

En ese momento, sobre el 11 de octubre, es cuando el periodista empieza a tratar con la UD el posible acuerdo, según ha reconocido a Efe (Ortega no es el titular de la licencia, sino Clan de Medios SL, de la que es administrador Sosa). Éste llega a un acuerdo verbal y Patricio Viñayo, director general de la UD, se lo comunica a Ramírez el 23 de octubre, es decir, un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorice la excedencia de la juez. Según Ramírez, hasta ese momento nunca supo que Almeida y Viñayo negociaban el arrendamiento de la licencia de radio con la pareja de la juez que lo había imputado por supuesto fraude tributario, Victoria Rosell. El contrato, que asciende a 300.000 euros, lo firmaron Sosa y Viñayo el 28 de octubre, este último en representación de Productora Audiovisual Unión Deportiva Las Palmas. El periodista sostiene que cerró la operación porque su compañera iba a dejar el juzgado por la política, no había hecho "nada sospechoso de trato de favor" a Ramírez y la causa iba a seguir igual tras su marcha.

La Fiscalía, que antes del verano acusó sin éxito a la juez de retrasar la instrucción en beneficio del empresario, aclara que las diligencias preprocesales abiertas son de carácter informativo y tienen la finalidad de "valorar la posible comisión de una infracción disciplinaria" que, en su caso, sería puesta en conocimiento del CGPJ. Esas diligencias, por tanto, no tienen carácter penal, como publicó ayer este periódico.

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