El Gobierno canario abrirá un expediente informativo para conocer los detalles del contrato firmado entre Clan de Medios, Comunicación y Marketing, cuyo administrador es el periodista Carlos Sosa, y la productora de la UD Las Palmas para determinar si el titular de la licencia radiofónica cumple en esta operación con las bases del concurso de emisoras de radio resuelto por el Ejecutivo regional en 2012. Sosa es pareja de la juez Victoria Rosell, ahora candidata de Podemos al Congreso, que está siendo investigada por la Fiscalía de Las Palmas por una posible infracción disciplinaria al coincidir en el tiempo la investigación de la juez al presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, con la negociación de su compañero con el club de fútbol para el alquiler de la licencia de FM.
La incoación del expediente se debe a que el Ejecutivo desconocía la existencia del contrato firmado entre ambas partes hasta su publicación en los medios de comunicación, por lo que requerirá información sobre su contenido y estipulaciones para comprobar que se ajusta al concurso. La principal preocupación del Ejecutivo es que se ha suscrito un contrato sin que haya sido informado previamente, pese a lo que establece tanto el decreto como otras normas que regulan el sector audiovisual.
El decreto 30/2012 que adjudicó las licencias de radio de FM en las Islas determina como una de las obligaciones para las adjudicatarios que cualquier tipo de transmisión o transferencia de la licencia debe ser autorizada por el órgano competente del Gobierno canario, ya que se trata de un negocio jurídico que el adjudicatario realiza sobre la licencia que le otorgó el Ejecutivo bajo una serie de condiciones.
El documento firmado el 28 de octubre entre Carlos Sosa y Patricio Viñayo es un contrato de prestación de servicios, fórmula que a priori puede encajar con la legislación vigente. Pero, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha revelado parte de los acuerdos económicos a los que ha llegado el club amarillo con el titular de la licencia, lo que supone un "negocio jurídico" tal y como contempla la normativa. Ramírez habló de pagos de 1".500 euros mensuales hasta completar 250.000 euros el año 2027, cuando el club tiene la opción de compra de la emisora por 50.000 euros".
La intervención de la Viceconsejería de Comunicación en este asunto se inició cuando los servicios de inspección que controlan las emisiones de radios sin licencia instó a la emisora de la UD Las Palmas a cesar en sus actividades por no contar con autorización administrativa. En ningún momento se comunicó a la Comunidad Autónoma que se estaba negociando con terceros para legalizar las emisiones a través de una licencia ya otorgada. Por ello se abre un expediente informativo para conocer los detalles del contrato y que la Administración se pueda posicionar para salvaguardar el interés general.
La ley nacional que regula el sector audiovisual fija un plazo mínimo de dos años sin que los titulares de las licencias puedan hacer negocio. A partir del tercer año se pueden entablar contratos de transmisión o arrendamiento previa autorización. Las sanciones que se establecen en la normativa por los incumplimientos en este tipo de casos, calificados de "muy graves" son desde sanciones pecuniarias de hasta 200.000 euros y, en los casos más extremos, la revocación de la licencia.
En el Decreto 80/2010, de 8 de julio, sobre servicios de comunicación audiovisual del Gobierno de Canarias también se establece la necesaria autorización del Ejecutivo para cualquier tipo de negocio jurídico.
Una de las particularidades del concurso promovido por la Comunidad Autónoma en 2010 es que se puntuaba la opción de que los titulares de las licencias no las arrendarían ni venderían durante los 15 años de duración de la adjudicación, lo que les otorgó puntuación añadida. El Gobierno intenta evitar cualquier indicio de concentración en pocas manos.
