La reforma del sistema de financiación autonómica será sin duda uno de los grandes asuntos que tendrá que abordar el Gobierno que salga de las próximas elecciones el 20D y el conjunto de las fuerzas políticas en general porque afecta a la todos los gobiernos regionales. Será el gran sudoku de la próxima legislatura y uno de los problemas que más directamente afecta a la vida de los ciudadanos porque tiene que ver con la calidad de los servicios básicos que reciben, sanidad, educación y servicios sociales, transferidos a las comunidades autónomas.
Los recortes de los últimos cuatros años en estas prestaciones por la ley de estabilidad financiera y el control del déficit ha provocado un enorme malestar en la mayoría de los territorios, y Canarias asegura ser una de las peor paradas en un sistema aprobado en 2009 que quedó superado enseguida por la crisis.
Apurado por la falta de recursos y por el contexto electoral de los últimos meses, el Gobierno central del PP rechazó llevar a cabo la revisión prevista y sólo ha dejado iniciado un informe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordarla en el primer año de legislatura si sigue gobernando. Las propuestas de los diferentes candidatos en las Islas comparten el objetivo de un sistema solidario que garantice que todos los ciudadanos reciban una oferta de servicios básicos independientemente del lugar en el que residan, pero hay ideas diferentes sobre cómo proporcionar la financiación suficiente y matices sobre los criterios de reparto.
Canarias recibirá en 2016 del Estado un total de 3.705 millones en concepto de financiación autonómica para cubrir los servicios públicos transferidos. En el 2013, último año liquidado, recibió una financiación por habitante de 1.843 euros, lo que significan 314 euros menos que la media estatal. El déficit de financiación del Estado en Canarias con respecto a la media del conjunto de regiones entre los años 2009 y 2013 alcanza los 3.436 millones de euros, según los datos del Gobierno canario.
"Los recursos que proporciona el sistema de financiación autonómica no cubren si siquiera la totalidad del gasto medio por habitante en servicios públicos del Archipiélago", asegura el Ejecutivo de Fernando Clavijo, que reconoce no obstante que algo mejora con la cesión de última hora de los 193 millones del Impuesto general sobre el Tráfico de Empresas (ITE).
La mayoría de los partidos canarios aceptan este marco y parten de él para sus propuestas de futuro, por lo general muy conceptuales y sin apuntar a fórmulas concretas. El PP empieza por recordar que el sistema fue aprobado por el anterior gobierno del PSOE con el apoyo de CC, mientras los nacionalistas culpan al actual Ejecutivo de Mariano Rajoy por las políticas de recortes y del control del déficit impuesta, y por su negativa a reformar un sistema que no estaba pensado para época de crisis, un contexto en el que el modelo ha perjudicado más a determinadas autonomías y en particular a la canaria.
En sus ejes básicos, la propuesta del PP es "definir y acordar" una oferta de servicios básicos limitada a las áreas de educación, sanidad y servicios sociales para los que se garantice desde el Estado "una financiación suficiente que no variaría con el tiempo, que no esté sometido a vaivenes económicos y respetaría el principio de igualdad entre todos los españoles".
La número dos de la lista por Las Palmas, Matilde Asián, sostiene que la reforma debe partir de la idea de que "la mejora económica va a proporcionar más recursos, que debe imperar la solidaridad para que el nivel de prestaciones debe ser similar en todos los territorios, y que las comunidades autónomas deben asumir el principio de corresponsabilidad fiscal".
"Que las regiones que quieran más ingresos para mejorar sus servicios, hagan uso de su capacidad normativa y autonomía tributaria en función de sus gastos", reclama. De hecho, la propuesta del PP conlleva la creación de un nuevo mapa fiscal en España que asume la idea de ampliar la corresponsabilidad autonómica en esta materia.
En la misma línea va Ciudadanos, en cuyo programa propone que además de garantizarse la igualdad básica de todos los ciudadanos del Estado, se elabore una cartera básica de servicios esenciales garantizados constitucionalmente y respaldada por el sistema de financiación. Pero plantea también "reconsiderar la capacidad normativa de las comunidades autónomas en relación con los tributos, para que tengan la posibilidad real de trasladar a los ciudadanos el coste fiscal de las decisiones de incrementar la certera de servicios", según explican sus dirigentes. La líder de la formación en Canarias y número uno por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, asegura que "si las comunidades quieren ofertar servicios distintos a los básicos, que lo sufraguen con sus propios recursos", apuntando que "C's defiende una financiación igual para todas la autonomías, y que en Canarias el REF es para nivelar la economía canaria con las del resto de comunidades y empezar de cero, para que así tengan la misma financiación de partida".
Para la coalición PSOE-NC, la idea de vincular prestaciones básicas a corresponsabilidad fiscal "suena a copago", algo que rechazan de plano. El cabeza de lista de la candidatura por Las Palmas, Sebastián Franquis, cree que PP y C's "quieren que una parte de la financiación corra por cuenta de las comunidades autónomas a través de los tributos cedidos", y que eso supone que los ciudadanos tributarían dos veces por esa prestación.
Franquis recuerda que Pedro Sánchez ha prometido, si gobierna, tener en el primer semestre de la legislatura un nuevo modelo, que el reparto respetará los criterios básicos de solidaridad, empezando por el del coste efectivo per cápita, y con garantías sobre los mecanismos de nivelación financiera entre las distintas comunidades. Pero los socialistas parten de la idea de que el actual sistema sólo podrá mejorarse "poniendo más recursos estatales sobre la mesa", algo a lo que, según él, se ha negado hasta ahora el PP.
"El reparto es muy desigual y arbitrario y la brecha se agranda con los años", sostienen desde Coalición Canaria. "No puede existir un tratamiento diferenciado en favor de aquellas autonomías que no han seguido los mismos criterios de prudencia en sus finanzas. Seguiremos reivindicando una financiación equitativa para abordar nuestros compromisos en política social. Los agravios se corrigen equilibrando los recursos independientemente de que sean pocos o muchos porque lo que está en juego es la equidad y el principio de igualdad de todos los ciudadanos", señalan los nacionalistas en su programa electoral.
Podemos, por su parte, hace un planteamiento sobre esta cuestión bastante más de filosofía política que técnica y se remite a ese proceso "constituyente" de reforma de la Carta Magna que incluya un acuerdo de financiación territorial a partir de un proceso de "evaluación de la actual situación de cada una de las comunidades autónomas".
La número dos de la lista morada por Las Palmas, Meri Pita, asegura que todo arreglo de la financiación canaria pasa por acabar con el sacrosanto principio del control del déficit "porque Canarias ha cumplido a rajatabla todas las imposiciones del ministerio y eso no le ha servido de nada en materia de financiación, ni ha podido endeudarse para invertir en políticas sociales". Pita se declara en desacuerdo en cómo se reparten los fondos actualmente en función de la distribución de competencias, sino que tiene que primar la situación socioeconómica de cada territorio. "Somos líderes en paro, pobreza, exclusión social y somos la cola de la cola en financiación. No podemos continuar así", asegura.
