La conectividad aérea y marítima de Canarias como elemento clave de su desarrollo social y económico y de su cohesión territorial sigue estando en el centro del debate político y volverá a ser una de las cuestiones que medirá la presencia de la agenda canaria en el programa de Gobierno central que surja de las elecciones del próximo día 20. De hecho, ha constituido en los últimos cuatro años uno de los grandes focos de tensión en las relaciones entre el Estado y el anterior gobierno regional por la gestión que en materia de política de transporte ha llevado a cabo el Ejecutivo del PP. Una gestión que desde las Islas se ha entendido como muy perjudicial para su sector turístico, dificultando la salida de la crisis, pero también retrocediendo en las condiciones de movilidad de los canarios en relación con las de la Península, con inversiones multimillonarias en el AVE, y recortes en las infraestructuras del transporte en el Archipiélago.
"El avión es nuestro tren y nuestras carreteras", resumen los diferentes candidatos del Archipiélago, coincidentes todos ellos en la necesidad de abrir nuevas rutas aéreas y marítimas y en mantener las ayudas al transporte en sus diferentes modalidades. Creen consolidada las actuales subvenciones del 50 % del coste del billete aéreo y el 35 % marítimo, pero también que esa ayuda no garantiza a los canarios un coste similar al de la movilidad en el territorio peninsular.
Durante los peores años de la crisis, el cierre de algunas líneas aéreas (Spanair y Islas Airways, ambas en 2012) y, sobre todo, el de numerosas rutas y vuelos con la Península del resto de las operadoras, ha provocado un incremento de precios que ha llevado al Gobierno de Canarias ha reclamar la necesidad de establecer Obligación de Servicio Público (OSP) o fijar un precio máximo para algunos trayectos. Ha sido, junto a la privatización parcial de AENA y la negativa a un tratamiento diferenciado a los aeropuertos canarios en el contexto de ese proceso, uno de los aspectos que ha marcado las múltiples discusiones y diferencias entre el anterior gobierno de Paulino Rivero y la ministra de Fomento.
Limitar ayudas
El estreno de Ana Pastor al frente de este departamento en enero de 2012 ya había comenzado con polémica al abrir, en los presupuestos del Estado de ese mismo año, la posibilidad de un cambio en el mecanismo de las subvenciones a los residentes y apostando por establecer un precio de referencia y pagar a todos los viajeros la misma cantidad. Se perseguía evitar subvencionar los billetes que no fueran de clase turista. La medida, que ya había sido estudiada por su antecesor en el cargo, el socialista José Blanco, fue rechazada de plano por el Gobierno regional y la mayoría de partidos y parece haberse descartado como alternativa al menos para un futuro próximo. Según los datos de Fomento, el año pasado se subvencionaron en Canarias un total de 5,2 millones de billetes por un valor total de 237,2 millones de euros y por una ayuda media de 45 euros. El presupuesto para el 2015 está establecido en 218,4 millones, y el previsto para el 2016 se eleva en19,8 hasta los 238,2 millones.
Otra de las medidas del actual gobierno que provocó enormes críticas en las Islas fue la exigencia de mostrar el certificado de residencia para poder acogerse a la subvención con la que se quería hacer frente al llamado fraude de los "falsos residentes" que el ministerio no llegó a cuantificar oficialmente en ningún momento. Sí se ha continuado durante esta legislatura con las inspecciones iniciadas con el gobierno socialista a distintas compañías aéreas de las Islas por pasar al Ministerio certificaciones de vuelos por un valor superior al coste de los billetes vendidos para cobrar una mayor subvención, mientras que por otra parte uno de estos casos de presunto fraude que afecta a Air Europa se encuentra en estos momentos en proceso judicial ante la Audiencia Nacional. La medida era transitoria hasta poder aplicar una comprobación automática de la residencia a través del Sistema de Acreditación de Residencia Automático (SARA), puesto en marcha en noviembre del 2014, y al que ya están conectados los sistemas de venta automática de todas las compañías aéreas o navieras. Con todo, los fallos en el sistema obliga a los canarios a cargar con el papelito por temos a quedarse en tierra.
La mejora de la conectividad de las Islas pasa también, según el Gobierno de Canarias, por un sistema de tasas aeroportuarias que hagan más competitivos los aeropuertos canarios, lo que incidiría de manera especial en el sector turístico. En plena crisis económica europea y con el turismo luchando por salir de sus perores momentos en las Islas, el actual Gobierno del PP eliminó en sus primeros presupuestos estatales, los de 2012, la rebaja de tasas aeroportuarias aprobada en 2010 como una de las medidas del llamado Plan Canarias puesto en marcha por el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero. Ha sido una de las grandes batallas políticas de la legislatura que se ha desactivado en parte por la recuperación del sector hasta alcanzar cifras récords en los dos últimos años.
Quinta Libertad
El Gobierno de Rajoy mantuvo su negativa a esa bonificación de tasas por considerarla la medida pensada para beneficiar a "determinadas compañías aéreas", en referencia a Ryanair, que podían incrementar número de pasajeros o de rutas, en detrimento, según el Estado, de las que no podían hacerlo porque ya estaba asentadas desde hacía tiempo en las Islas, como serían los casos de Iberia o Air Europa. Pero, paralelamente, el Ministerio aprobó descuentos en los billetes del AVE para promocionar el turismo interior en la Península, muy afectado por la crisis. Ese descuento al tren, según se denunció entonces, suponía un doble castigo a las Islas por favorecer al ferrocarril frente al sector aéreo, y a los destinos peninsulares frente a los insulares.
El próximo gobierno estatal también deberá resolver de una vez la posibilidad de aprobar la llamada Quinta Libertad aérea para los aeropuertos canarios que el Gobierno del PP no ha logrado concluir pese al compromiso adquirido por Rajoy en su investidura en 2011.
Esta medida, que defienden todos los partidos, implicaría que las compañías aéreas podrían hacer escala en las Islas en sus conexiones transcontinentales para dejar o tomar pasajeros y carga, y supondría una gran empuje a la internacionalización de la economía isleña. Pero el ministerio no ha avanzado en la firma de los convenios necesarios con otros países o en el desarrollo de proyectos de compañías aéreas que pudieran estar interesadas.
En materia de Obligación de Servicio Público en las conexiones de Canarias, en la actualidad afectan a trece rutas aéreas interinsulares pero a ninguna con la Península, lo que si ocurre en Baleares en el caso de la ruta Menorca-Madrid desde noviembre del año pasado. El nuevo boom turístico sin embargo ha reabierto algunas de las rutas con la Península, al tiempo que ha establecido conexiones nuevas con distintos puntos de Africa y Europa, y se licitan ayudas para incentivarla con varios puntos del continente americano.
Propuestas para el 20D
En los programas electorales para el 20D, los partidos ponen distintos énfasis. El PSOE-NC se compromete a favorecer la aplicación de tarifas planas en los vuelos interinsulares, fomentar el incremento de las rutas aéreas y marítimas con la Península, y la mejora de horarios, frecuencias y tarifas.
CC propone el incremento de las bonificaciones a los pasajeros en las rutas de débil tráfico, sobre todo en las islas de menor población, hasta un 75 % del precio del billete, así como "la ampliación a todos los países de la UE del descuento de residente en el billete aéreo para los residentes en Canarias", y precios máximos si las condiciones lo requieren.
El PP pone el acento precisamente en su gestión de estos años y en que pese a la crisis ha mantenido y luego aumentado la ayuda el transporte en las Islas, mientras que Podemos aboga por la declaración de interés público de las conexiones interinsulares e insulares y que a partir de esta OSP se "tasarán" precios reducidos en los vuelos para los residentes.
Ciudadanos, por su parte, pide "aumentar las compensaciones" o en su caso remplazar el actual régimen "por otro sistema de compensación en función de la evolución del mercado de forma que en ningún caso suponga una disminución de la ayuda prestada o detrimento en la calidad del servicio", al tiempo que defiende el establecimiento de precios máximos de referencia "cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen".
