El propietario de Todo Radio, Fernando Ortega, y el director de la UD Radio, Ruymán Almeida, comparecieron ayer como testigos en la Fiscalía de Las Palmas para explicar el papel desempeñado por cada uno en el negocio radiofónico entre la UD Las Palmas y el periodista Carlos Sosa, pareja de la exjuez Victoria Rosell y candidata de Podemos al Congreso por Las Palmas. Ambos fueron citados por la fiscal Eva Ríos, que ha abierto diligencias informativas para aclarar si la magistrada debió apartarse de una causa por supuesto fraude tributario contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, cuyo equipo directivo comenzó a negociar el contrato con Sosa antes de que Rosell obtuviera la excedencia el pasado 22 de octubre. Eso lo ratificó Almeida en el interrogatorio, pero desvinculó a Ramírez de esas negociaciones y rechazó que hubiera un interés espurio en las mismas.
Y es que en las fechas de esos encuentros se centra la investigación de la Fiscalía. Tanto Ortega como Almeida admitieron que los contactos con el propietario de la licencia de radio comenzaron con anterioridad al 22 de octubre, es decir, antes de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concediera a Rosell la excedencia para presentarse al Congreso como cabeza de lista de Podemos por Las Palmas. Almeida los sitúa en la primera semana de octubre, mientras que Ortega se remonta a los primeros días de ese mes.
El dueño de la marca Todo Radio, que antes llevaba las emisora de Canal 9, tenía un acuerdo hasta 2024 para trabajar con Sosa. En septiembre, tras una advertencia de sanción del Gobierno de Canarias, UD Radio, que emitía sin licencia, comenzó a buscar una frecuencia de FM para regularizar su situación y, con esa finalidad, Almeida se puso en contacto con Ortega, quien, a su vez, le comunicó a Sosa su intención de explotar de manera conjunta la emisora con la Unión Deportiva.
Ese acuerdo a tres bandas no prosperó porque Sosa, que es titular de la licencia, asume las negociaciones de manera directa con la UD Las Palmas; primero a través de Almeida y, después, con Patricio Viñayo, director general del club. A mediados de octubre, el dueño de Canarias Ahora Radio le comunica que debe abandonar la emisora porque ha llegado a un acuerdo con UD Radio, aunque en un primer momento Sosa se comprometió a hablar con "Miguel Ángel" para "acelerar" las cosas, según la declaración de Ortega ante la fiscal, que lo citó por segunda vez para concretar las fechas de esas negociaciones. El ministerio público considera que esos encuentros empezaron antes de que la juez consiguiera la excedencia, es decir, mientras investigaba aún a Ramírez por fraude tributario. Por tanto, para no incurrir en una posible falta disciplinaria, debió apartarse de la causa desde que su pareja empezó a negociar el alquiler de la frecuencia de radio.
Rosell, en cambio, niega que conociera esos contactos, recalca que solicitó la excedencia el 15 octubre y acusa a la Fiscalía de vulnerar sus derechos fundamentales al investigar una supuesta infracción disciplinaria para la que no tiene competencia.
El contrato final, que es de producción de contenidos, lo firman Carlos Sosa y Patricio Viñayo el 28 de octubre, es decir, seis días después de que Rosell abandonara el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y, por tanto, dejase de ser responsable de la instrucción por fraude tributario contra Ramírez.
Sosa firma el contrato en nombre de Clan de Medios, Comunicación y Marketing, al tiempo que Viñayo lo hace en representación de Productora UD Radio. La empresa del periodista recibe, en concepto de adelanto, 101.500 euros, y el resto del arrendamiento se abonará en cuotas mensuales hasta completar los 300.000 euros. Esto ocurrirá en 2027, que es cuando la licencia puede cambiar de propietario, tras cumplirse la limitación del concurso público por el que fue adjudicada. El Gobierno de Canarias ha abierto un expediente al periodista y empresario para aclarar si ha realizado un negocio jurídico con la frecuencia sin la autorización de la administración. La sanción, por ese motivo, podría llegar a los 200.000 euros.
La versión de Fernando Ortega, en líneas generales, coincide con la de Ruymán Almeida. Ninguno de los dos asegura haber hablado con Ramírez de esas negociaciones, aunque Ortega si reveló a la fiscal que Sosa tenía pensado hablar con el presidente de la UD Las Palmas para rubricar el acuerdo. Patricio Viñayo, en ese sentido, también negó hace dos semanas ante Fiscalía que Ramírez estuviera al corriente de esas negociaciones.
Ramírez convocó una rueda de prensa la semana pasada para explicar la operación, defender su legalidad y desvincularse de las negociaciones previas al contrato con Sosa. Asegura que se enteró por Viñayo el 23 de octubre, esto es, un día después de que la magistrada obtuviera la excedencia. Hoy está previsto que vaya a declarar el periodista Francisco Chavanel.
