Por unanimidad, el Parlamento de Canarias instó ayer a los gobiernos regional y nacional a sentarse y trabajar juntos para desbloquear los parques eólicos afectados por las zonas de servidumbre alrededor de los aeropuertos de las Islas y las radioeléctricas. En el caso de Gran Canaria son un total de 14 proyectos ubicados en la zona de vientos más constantes e intensos de la Isla, pero es un problema con el que se han encontrado también inversores de La Gomera.

La proposición no de ley, presentada por el grupo socialista, propone la creación de una mesa de trabajo que identifique y desbloquee los impedimentos que provocan las afecciones aeroportuarias en la ejecución y desarrollo de los parques afectados por las mismas.

La iniciativa, defendida por la diputada Nayra Alemán, señala que Canarias cuenta con unas excelentes condiciones naturales para el desarrollo de infraestructuras eólicas y añade que aeropuertos internacionales con características similares han resuelto esta cuestión por lo que considera que estas soluciones pueden adoptarse en el Archipiélago, máxime si se tiene en cuenta que la escasez de territorio reduce las alternativas para su adopción. "Los aeropuertos canarios no son únicos en el mundo", recoge la iniciativa. Un ejemplo, destaca la diputada, es el de Palma de Mallorca. Una infraestructura que también tiene aerogeneradores cerca, y que ha podido superar estas dificultades estructurales. "Los emprendedores eólicos del mundo ya se han enfrentado a estas situaciones en otros lugares. Existen las soluciones, existen los parches en software para que el radar entienda que aquello que está detectando es un aerogenerador", subraya.

Hasta ahora la respuesta de Fomento, cada vez que desde el Ejecutivo regional se ha intento buscar una solución ha sido negativa. Tanto Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) como Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) advierten que las instalaciones afectarían a la navegación, por lo que de forma reiterada han rechazado cualquiera de las alternativa que tanto el Gobierno como los promotores eólicos, entre ellas costear el traslado de las antenas.