Es la eterna promesa electoral incumplida por parte de los diferentes gobiernos del Estado. O al menos así lo sostienen también los distintos gobiernos de Canarias, en cada una de sus dos modalidades conocidas (CC-PP o CC-PSOE), según los casos, desde hace dos décadas. Pese a los reiterados compromisos en cada campaña electoral, el Ejecutivo de turno en Madrid nunca ha cumplido el artículo 95 del Régimen Económico y Fiscal (REF) que señala que en los Presupuestos Generales del Estado de cada año "las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponde para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas las compensaciones al hecho insular", un precepto muy genérico e impreciso que deja muchas dudas sobre su plena aplicación.
En la legislatura que acaba de concluir, además de no alcanzar la media de inversión estatal, Canarias ha visto cómo la crisis, los recortes y la batalla contra el déficit se ha llevado por delante buena parte o mermado seriamente muchas de las compensaciones por la lejanía y la insularidad.
La campaña del 20D está poniendo sobre el tapete esta cuestión y todos los partidos se comprometen, con distinta intensidad y diferentes matices, a mejorar la inversión en el Archipiélago, acercarla a la media estatal y, sobre todo, a adoptar las medidas necesarias que amortigüen los efectos de la ultraperificidad. Pero los números de partida no son los mismos para todos. Mientras algunos cuentan como inversión estatal únicamente la regionalizada, es decir, la que depende exclusivamente del Estado o sus organismos autónomos (Capítulo VI de los PGE), otros consideran que deben incluirse aquella derivada de los convenios de infraestructuras, que son fondos que los ministerios de turno transfieren a las Islas y cuya gestión y ejecución corresponde al Gobierno regional (Capítulo VII). En el caso de Canarias, este apartado afecta a grandes proyectos como carreteras, obras hidráulicas y costas.
Según el Gobierno regional, Canarias habría perdido desde el año 2004 un total de 2.467 millones de inversión estatal del Capítulo VI (incluido el cálculo correspondiente a los presupuestos del 2016) en relación con el conjunto del territorio nacional y en función de la inversión por habitante. En los cinco presupuestos del Estado elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy, los de 2012 a 2016, el déficit de inversión alcanza los 732 millones. La cantidad es menor sin embargo, según el Ejecutivo regional, de la alcanzada durante las dos legislaturas socialistas de Rodríguez Zapatero, de 750,1 millones entre 2004 y 2007, y de 985,6 entre 2008 y 2011. Con todo, durante los dos últimos presupuestos de Zapatero, la media de inversión por habitante se redujo desde los 156 euros de déficit en 2010 a los 52 euros un año después gracias al llamado Plan Canarias aprobado en 2009 para paliar los graves efectos que la crisis estaba provocando en el Archipiélago, donde el sector turístico también estaba pasando uno de sus peores momentos.
Pese al compromiso de Rajoy en su discurso de investidura de 2011 sobre el cumplimiento del REF en materia de inversión, durante sus cuatro años de gobierno el gasto por habitante en las Islas se redujo respecto a la media estatal. Fue de 93 euros menos en 2012, de 59 en 2013, de 60 en 2014, y de 77 en 2015. El leve incremento del gasto público previsto para el próximo año deja este déficit per cápita respecto a la media nacional en 58 euros. En los diferentes aspectos del REF económico -las medidas creadas para salvar la insularidad-, la crisis ha llevado al Ejecutivo del PP a dejar por el camino casi todo lo que sonara a subvención y que no estuviera directamente controlado por la Administración central. Así, además de reducir en más de un 70 % los fondos para carreteras, y rebajar todos los convenios de infraestructuras, las ayudas a la insularidad que se habían consolidado con los años se han visto recortadas sustancialmente, o han desaparecido. Es lo que políticamente se ha dado en llamar el "maltrato" de Rajoy a Canarias.
Recorte de ayudas
Los casos más sangrantes han sido el Plan Integral de Empleo (PIEC), de 42 millones anuales desde hacía su implantación en 1996 con los que trataba de paliar con políticas activas el alto desempleo en las Islas, que se redujo a 10 millones en 2012 y desapareció en 2013, y el Plan de Infraestructuras Educativas, de 40 millones que también fue liquidado en los primeros presupuestos del PP. Pero también se han visto afectados algunas de las partidas que constituyen parte esencial de las ayudas reconocidas en el REF económico para compensar la insularidad tales como la potabilización de agua, los contratos programas al transporte colectivo, las ayudas al transporte de mercancías, o las del Posei (Programas de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad). Todo ello, según el Ejecutivo regional, mientras en la Península se producían inversiones multimillonarias en el AVE y se bonificaban sus tarifas, o se primaban infraestructuras en comunidades del PP como Baleares, Galicia, o Castilla y León.
Respecto a lo previsto en el Plan Canarias, dos de los grandes programas que se han perdido en esta legislatura han sido el convenio de infraestructuras turísticas, el de implantación de parques tecnológicos en varias islas, e inversiones para el desarrollo del REF.
En materia de energía, el Gobierno sí impulsó una ley del Sector Eléctrico en Canarias (y territorios extrapeninsulares) que pactó con el Ejecutivo regional y que proporciona un menor coste del consumo eléctrico en lslas, tal como exige el fuero isleño. La cara opuesta ha sido la retirada de las primas a las renovables, aunque luego se ha tratado de impulsar el sector retribuyendo con 84 euros el megavatio hora la energía eléctrica producida en los parques eólicos canarios.
El TC se pronuncia
El incumplimiento del REF en los presupuestos estatales del PP llevó al Gobierno de Canarias de CC y PSOE, en la pasada legislatura, a plantear sendos recursos de inconstitucionalidad de las cuentas públicas de 2012 y 2013, con los mismos argumentos que ya se habían utilizado respecto a otro recurso anterior, en 2008, en esta ocasión por parte del Ejecutivo regional de nacionalistas y PP contra el gobierno socialista de Zapatero. En abril de 2013, una primera sentencia del Tribunal Constitucional al respecto, sobre el recurso del 2008, rechazó los argumentos isleños y negaba influencia jurídica real del fuero canario sobre el volumen de las inversiones en las Islas contempladas en los presupuestos estatales.
Esta sentencia, reiterada luego en la que afectaba al recurso sobre los presupuestos de 2012, señalaba que el contenido de las cuentas públicas del Estado en relación con Canarias no contraviene ningún artículo de la Constitución, que no modifican el REF, ni ofrece razones o datos que demuestren la vulneración de los artículos relativos a la inversión anual del Estado en el Archipiélago respecto a la media en el conjunto del país.
La decisión del TC ha llevado al Gobierno de Canarias y a los dos partidos que lo han conformado desde el 2011, CC y PSOE, a con una reforma de la Constitución que "blinde" el REF y que lo haga de "obligado cumplimiento" independientemente del gobierno de turno y de la situación económica. En el mismo o parecido sentido se expresan los demás contendientes del 20D, mientras que por otro lado se ha dejado ultimado entre los gobiernos regional y central un nuevo texto de REF económico que fija y actualiza las compensaciones a la lejanía y la insularidad. Será una de la tareas del gobierno que salga de las elecciones del 20D en relación con la agenda canaria.
