La mayoría de los grupos de la oposición del Parlamento canario apoyan la iniciativa del Gobierno regional de realizar una ley urgente, con un único punto, para evitar pagar las posibles indemnizaciones a las que se enfrenta el Ejecutivo, después de que el Tribunal Supremo fallara a finales de octubre en cinco sentencias a favor del Grupo Lopesan. Nueva Canarias sostiene que si la nueva norma es para bloquear el abono de indemnizaciones tendrá su apoyo, pero se mantiene alerta de que pueda introducir algún aspecto que conduzca a la liberalización del suelo, a lo que se opone. El PP indica que esta ley urgente persigue atajar este problema, aunque a su juicio solo caben dos posturas: que se vuelva a la situación original y se reclasifique el suelo como turístico o pagar las indemnizaciones.
El Gobierno canario aun no ha definido cómo lo va hacer, aunque los grupos que sugirieron esta fórmula y que sustentan el Ejecutivo, CC y el PSOE, coinciden en que es una ley "sencilla" que se hace para dar seguridad jurídica. De lo que se trata es de recuperar el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de 2009, y que se derogó en 2013, pero con una nueva redacción, por la que se da "tiempo" al Gobierno de Canarias a negociar con los propietarios la forma en que se compensa que reclasificaran sus terrenos, por la moratoria, de suelo turístico a rústico de protección especial con posibilidad de indemnizaciones por el cambio, pero el Ejecutivo no tramitó estos expedientes en tiempo y forma y, según el Tribunal Supremo incurrió en silencio administrativo "positivo". El fallo implica que el Gobierno tramite de nuevo y resuelva los mismos. Las indemnizaciones por estas cinco sentencias pueden alcanzar los 104 millones de euros. La suma de todas las reclamaciones pendientes se elevan a 650 millones.
"Una vez que se ha reconocido a los titulares de esos suelos el derecho a un procedimiento para la reclasificación, la nueva ley de artículo único da tiempo para negociar con los propietarios el modo de hacerlo, bien sea reclasificando suelo, bien pasando a suelo rústico de protección en algunos casos, darle suelo en otra parte o, en otros casos, proceder a una indemnización pactada", precisó Ruano. Según el portavoz del PSOE en la Cámara, Iñaki Lavandera, "la ley permite reclasificar reconociendo la consolidación del suelo dependiendo del grado de urbanización, o hacer un convenio para reubicar la edificación en otras parcelas".
Volver al principio
Para el diputado del PP, Miguel Jorge Blanco, la norma puede posibilitar que se ataje cuanto antes este problema. A su juicio "hay dos opciones: o pagar o volver a la situación original que es dejar el suelo como turístico" y no como rústico de protección especial.
Según el portavoz de Nueva Canarias, la elaboración de esta norma exprés es "positiva" si finalmente favorece jurídicamente el interés general "como es minimizar la indemnización si existiera sentencia -como las cinco de Lopesan y las que quedan pendientes- porque el Supremo dice que hay que reiniciar los expedientes". Para NC lo que no se puede hacer es una liberalización del suelo generalizada.
