¿Qué hacer con la Educación en España? Parece la pregunta recurrente en cada cita electoral a la que cada nuevo gobierno ha respondido hasta ahora con una nueva ley educativa. Frente al pacto de Estado que se invoca cada vez que se plantea el debate, el Ejecutivo de turno ha respondido con su propia receta y su propia ley. En el final de la legislatura anterior, el entonces ministro Angel Gabilondo estuvo a punto de lograrlo. Sólo el desmarque de última hora del PP lo impidió cuando este partido sabía que enseguida dispondría de una mayoría absoluta que le daría carta blanca para su propia y particular apuesta. Lo que ha pasado en los últimos cuatro años es consecuencia lógica de esa dinámica.
El Gobierno de Mariano Rajoy, con el ministro José Ignacio Wert como piloto, ha promovido unilateralmente una ley educativa, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) o también llamada ley Wert, que tiene en contra a todas las fuerzas políticas, a la mayoría de la comunidades autónomas, y al conjunto de la comunidad educativa, movilizada con su lazo durante buena parte de la legislatura. La expectativa para el nuevo tiempo político que se avecina es que, si no se llega a derogar la norma del PP, tal como tienen comprometido en acuerdo formal todas las formaciones menos el PP y Ciudadanos (C's), es muy probable que cualquier acuerdo de gobierno futuro, incluso el hipotético entre estas dos formaciones, pasará por una revisión profunda de la controvertida y de caótica implantación de la ley Wert, el ministro al que como pago agradecido a los favores prestados Rajoy nombró embajador de España ante la OCDE con sede en París.
Canarias, que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional, ha sido durante toda esta pasada legislatura uno de los territorios donde con más fuerza se ha manifestado la oposición no sólo a la Lomce, sino a toda la política educativa del PP, otro de cuyos hitos en la materia ha sido la subida de tasas universitarias o la llamada ley 3+2 rebajando a tres años los grados si se complementan con dos años de máster.
Líderes de la oposición
Desde las Islas, con el consejero de Educación del anterior gobierno, el socialista José Miguel Pérez, a la cabeza, y junto a las comunidades de Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco (ampliado hasta once tras las elecciones autonómicas de mayo), se ha cuestionado una reforma que se ha tachado por el propio colectivo educativo como "ideológica" y con objetivo "privatizador".
En el marco del sistema educativo canario, la Lomce y sus secuelas en materia de recortes en inversión y reducción de becas se suman a los déficits históricos en la materia como son infraestructuras educativas y el elevado porcentaje de abandono escolar temprano.
Los itinerarios obligatorios en segundo curso de ESO, las evaluaciones para obtener los títulos de de secundaria y bachiller, la falta de financiación, y un calendario de aplicación que se considera inviable han constituido los puntos calientes de la ley y han suscitado el rechazo generalizado a la misma.
Para los sindicatos canarios del sector educativo, la norma ha incidido en "más recortes y en un deterioro evidente de educación pública", menos recursos materiales, humanos y financieros, y la pérdida de 2.000 plazas docentes y de programas estatales como el de infraestructuras educativas, el programa Escuela 2.0 para la adquisición de ordenadores, o el Educa 3 para la implantación de la etapa de 0 a 3 años.
El PP explica que la ley ofrece un sistema más moderno y flexible, que adapta los contenidos y el funcionamiento del sistema a las nuevas realidades, que afronta la "lacra del abandono escolar temprano" e "impulsa la cultura de la evaluación", y premia "el mérito y el esfuerzo". Según sus datos, la tasa de abandono educativo se ha reducido en seis puntos en los últimos cuatro años, y se ha "rescatado de la quiebra el sistema de becas". Para el resto de partidos y para el conjunto del colectivo educativo, se trata de una reforma que altera el derecho constitucional a la educación, y supone "un ataque a la igualdad de oportunidades, un retroceso en la equidad y en la calidad de la educación y una clara transgresión de las competencias de las comunidades autónomas", según reza el texto que apuesta por la derogación en cuanto haya una mayoría alternativa a la del PP en el Congreso, lo que dependerá de la posición que adopte finalmente la formación de Albert Rivera. Cabe señalar, en este sentido, que C's y Podemos son los dos únicos partidos importantes que no firmaron el documento por no ser fuerzas parlamentarias en el Congreso, pero el partido liderado por Pablo Iglesias sí ha dejado clara su apuesta por la derogación de la reforma del PP. C's remite en su programa al un genérico "pacto nacional por la Educación", y aunque no hace mención expresa a la Lomce, sí plantea actuaciones que supondrían cambios en algunos de sus contenidos básicos. Pero la formación naranja apunta a ideas controvertidas como cuestionar que los profesores sean funcionarios asegurando que "el sistema es excesivamente garantista con determinados docentes a los que resulta imposible cesar".
Para el PSOE, la política educativa del Gobierno central ha contribuido a recortar la inversión en educación, dificultando la contratación del profesorado, vulnerando el derecho de acceder a la educación por parte de un sector de la población, y deteriorando servicios como transportes, comedores, o adquisición de libros de texto". Propone un suelo común de financiación del 5 % del PIB en dos legislaturas y llegar al 7 % "a medio plazo", porcentaje al que también aspira Podemos, que quiere alcanzar antes del 2010 la cifra de 13.700 millones de presupuesto educativo.
Ya veremos
En Canarias, el curso empezó tras la aprobación previa del decreto de aplicación de la Lomce, que se ha hecho efectiva en 2º, 4º y 6º de Educación Primaria, en 1º y 3º de ESO, en 1º de Bachillerato, y en 2º de Formación Profesional Básica. La actual consejera, Soledad Monzón, insiste en la oposición canaria a la ley y que su aplicación "genera una inestabilidad que va en contra de la calidad educativa", señalando que "ya se verá si se aprovecha algo o no". El curso 2015-2016 se inició con una nueva merma del alumnado, con 163.329 matriculados en Infantil y Primaria, el cierre de ocho centros escolares y un incremento de profesores respecto al curso anterior.
En la Universidad, Canarias también se ha desviado en lo posible de las políticas estatales y del decreto de incremento de tasas, que incrementaba en un 40 % y hasta en 540 euros el precio de las matrículas (asumiendo el alumno entre el 15 y el 25% de su coste), aplicando los rangos más bajos de la horquilla permitida, y congelando las tarifas de los créditos desde entonces entre los 12,30 y los 18,95 euros por crédito en función de la experimentalidad.
