El pulso entre la magistrada en excedencia Victoria Rosell y la Fiscalía de Las Palmas por la actuación de la juez en la causa abierta contra Seguridad Integral Canaria sigue en el aire. El ministerio público cerró ayer las diligencia incoadas contra la candidata de Podemos al Congreso y elevó una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que investigue a Rosell por una supuesta infracción disciplinaria, pero la exmagistrada ha recurrido la actuación de la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la Sala de lo Contencioso Administrativo ha ordenado la suspensión urgente de esas diligencias.
Rosell presentó a media mañana de ayer un recurso especial de protección de derechos fundamentales vinculado al proceso electoral en el que está inmersa y, sobre las 14.00 horas, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJC, con Javier Varona como ponente de la resolución, acordó la "suspensión" del "proceso disciplinario" abierto por la Fiscalía, con la finalidad de garantizar su derecho a la participación pública, al sufragio pasivo en condiciones de igualdad y a defenderse con todas las garantías.
La fiscal Eva Ríos, con el respaldo del fiscal jefe provincial, Guillermo García-Panasco, abrió hace dos semanas diligencias informativas para recabar datos sobre un negocio radiofónico entre la UD Las Palmas y el periodista Carlos Sosa, que es la pareja de la juez. Ese contrato de servicios, que consiste en el pago de 300.000 euros a cambio de la frecuencia por la que emite la radio del periodista, fue firmado el pasado 28 de octubre, es decir, seis días después de que el CGPJ concediera la excedencia a Rosell y ésta abandonara el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta ese momento, por tanto, era la responsable de la causa por supuesto fraude tributario que afecta al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. La Fiscalía inicia la investigación porque las negociaciones, según varios testigos, empezaron antes de resolverse la excedencia y considera que la juez debió apartarse por la conexión con Ramírez. De ahí la queja elevada al CGPJ en la mañana de ayer.
Las diligencias de la Fiscalía no son penales, esto es, su finalidad no es investigar un delito, sino preprocesales de carácter informativo, con el objetivo de "valorar la posible comisión de una infracción disciplinaria", la cual, "en su caso", sería puesta en conocimiento del CGPJ, tal y como aclaró García-Panasco tras las primeras informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre el asunto.
Rosell, en cambio, considera que la Fiscalía le ha abierto un proceso disciplinario, y esa actuación es nula porque el ministerio público carece de competencia para investigar a un miembro de la carrera judicial por motivos disciplinarios.
Con ese argumento, unido a la imposibilidad de personarse en el procedimiento para defenderse, Rosell reclama al TSJC la nulidad del expediente abierto por la Fiscalía y, para evitar "perjuicios irreparables" por la inminencia de las elecciones, solicita la paralización "cautelarísima" del "proceso disciplinario", esto es, de manera urgente y sin oír a la otra parte, extremo al que ha accedido la Sala de lo Contencioso del TSJC.
La candidata de Podemos demanda que la suspensión se mantenga, "al menos", hasta la finalización de las elecciones, pero la Sala ha rechazado esa reclamación y ha dado tres días a la Fiscalía y al Abogado del Estado para que presenten alegaciones. Tras esa audiencia, que concluirá el próximo miércoles, el tribunal deberá levantar o ratificar la medida excepcional, que ha sido dictada para proteger los derechos fundamentales de Rosell.
Eso no significa que los magistrados vean vulnerados sus derechos por la actuación de la Fiscalía, pues la Sala sólo examina, "de forma exclusiva", si "concurren razones de especial urgencia" para acordar la suspensión, según explica el ponente en el auto judicial. Eso, añade Varona, está fuera de dudas porque la demandante es candidata y participa de manera directa en la campaña electoral, que finaliza el próximo día 18.
La resolución, a parte de Varona, la firman Cristina Páez, Juan Ignacio Moreno-Luque y César García-Otero, este último en calidad de presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJC en su sede de Las Palmas. Las fuentes judiciales consultadas no se atreven a interpretar lo que ocurrirá el miércoles, cuando venza el plazo de alegaciones, entre otros motivos porque no existen precedentes en Canarias de una situación semejante y, posiblemente, tampoco en el resto de España.
La orden de paralización del TSJC llegó a la Fiscalía después de que esta concluyera su investigación y remitiera el expediente al CGPJ. El ministerio público, por ese motivo, no puede suspender la tramitación de unas diligencias que están finalizadas y remitidas al órgano de gobierno de los jueces, que es el único competente para determinar si Rosell ha incurrido o no en una infracción disciplinaria. La fiscal Eva Ríos, que llevó las pesquisas, cree que debió renunciar a la causa desde que Sosa comenzó negociar el contrato con la UD Las Palmas para arrendarle la frecuencia de radio.
La fiscal, para llegar a esa conclusión, le ha tomado declaración al director general del club, Patricio Viñayo, al director de UD Radio, Ruymán Almeida, al periodista Francisco Chavanel, y al propietario de Todo Radio, Fernando Ortega (este último explotaba la frecuencia de Sosa antes de que firmara el acuerdo con la UD).
En general, los testimonios apuntan a que las negociaciones empezaron la segunda semana de octubre; excluyen a Ramírez de esos contactos y justifican la operación porque el Gobierno de Canarias advirtió en septiembre al club de que se exponía a una sanción por emitir sin licencia).
Ríos, además, vincula ese contrato con el retraso "injustificado" que, a su juicio, ha sufrido la investigación penal a Seguridad Integral Canaria, una de las empresas del presidente de la UD, durante la instrucción dirigida por Rosell.
La fiscal ya se quejó por ese retraso antes del verano, pero el CGPJ no encontró ninguna irregularidad en la actuación de la juez.
