La Fiscalía abrió una investigación y ha remitido una queja al Consejo General del Poder Judicial por la venta de su emisora de radio a la Unión Deportiva Las Palmas, al entender que la exmagistrada y candidata de Podemos, Victoria Rosell, pareja suya, debió abstenerse en la instrucción de la causa judicial contra el presidente del club amarillo, Miguel Ángel Ramírez. ¿Negoció usted con Ramírez cuando la juez Rosell llevaba el caso?
No, no negocié con el señor Ramírez, y es una pena que la Fiscalía no se haya dignado llamarme para contárselo personalmente. Ha preferido ir buscando testigos que pudieran decirle lo que quería oír para que luego el periódico El Mundo tuviera sus titulares contra la candidata de Podemos. Hemos asistido a una investigación franquista de corte puramente inquisitorial promovida por la Fiscalía y que ha acabado como era de esperar, con una suspensión impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la flagrante vulneración de derechos fundamentales que se estaba produciendo. Parece que ahora ha enviado el asunto a la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial, que era lo que tenía que haber hecho desde el minuto uno si consideraba que podía haber una infracción disciplinaria. Pero lo que se buscaba no era eso, sino fabricar un proceso en el que se pudiera poner en un titular de prensa las palabras investigación y Fiscalía junto al nombre de Victoria Rosell.
Pero existió una negociación y al final se firmó un contrato.
No. Y corrijo algunas cosas que es fundamental que queden claras. No fue una compraventa, sino una encomienda de gestión que yo le hago a la productora que ha creado UD Radio para que se ocupe de la gestión de la frecuencia de Clan de Medios, una empresa de la que soy administrador único, con una opción de compra a ejecutar en el año 2027. Es decir, la UD Las Palmas o UD Radio no han comprado una frecuencia, hemos llegado a un acuerdo para que ellos la gestionen. El importe total de la operación es de 300.000 euros, pero de aquí a 2027. Yo no negocié, ni con Miguel Ángel Ramírez ni con nadie durante el tiempo en que mi pareja estuvo al frente del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Entonces, ¿qué ha ocurrido?
Lo que ocurrió fue muy distinto a lo que tendenciosamente se ha contado: la UD Las Palmas estaba buscando una frecuencia porque tenía una reclamación del Gobierno de Canarias para que abandonara la que estaba ocupando ilegalmente y se puso en contacto con la persona que yo tenía al frente de la encomienda de gestión que ahora tiene la UD con similares condiciones. Esa persona, Fernando Ortega, a espaldas mías, le hizo una oferta al club de fútbol sobre nuestra frecuencia. Y es la UD Las Palmas, al conocer que el señor Ortega estaba negociando con algo que no era suyo, la que me telefonea para comunicármelo. Yo no negocio, yo recibo una información de la UD.
Pero sí hubo contactos, o conversaciones, o como quiera llamarlo.
Hay un contacto, ciertamente, pero desde la UD al descubrir que la persona que yo tenía explotando mi radio estaba negociando con algo que no era suyo. Entonces yo le dije a la UD que con quien tenía que hablar era conmigo. A partir de ese momento, ellos dicen que van a constituir una productora y que hasta el día 26 o 27 de octubre no podrían negociar ni firmar nada. A mí, que ya conocía las fechas de la marcha de mi pareja del Juzgado, me pareció bien porque ya sabía a ciencia cierta que por esas fechas ya no iba a estar en la vida judicial. Así fue como actuamos, se firma el día 28 y el 29 se pagan los primeros 100.000 euros, no 101.500 euros, que no sé de dónde sacan ese dato, Y es a partir de ese momento cuando se pone en marcha la operación.
Al margen de las fechas oficiales de la firma, la Fiscalía entiende que la juez pudo beneficiar a Ramírez a cambio de los negocios de la UD con usted. ¿No cree que la sospecha es razonable?
Hay varios elementos, que hemos conocido a posteriori y que es importante que los conozcan los ciudadanos, que son absolutamente reveladores de que no pudo haber nunca un trato de favor. Primero, porque Ramírez entra con un delito y cuando se marcha la juez del juzgado tiene tres delitos. Y esos otros dos se los imputa la juez Rosell. Cuando recibe la querella de la fiscal, la juez observa que a la señora Ríos se le olvidaron dos delitos, uno contra el derecho de los trabajadores y otro por la Seguridad Social, además del fraude fiscal, y le incluye esos dos nuevos delitos en la apertura de diligencias. Luego, trato de favor no hubo. Pero además, a partir del mes de junio hay un juez de refuerzo que está con la jueza Rosell en todas las diligencias y expedientes. Si hubiese habido alguna irregularidad, anomalía o desfase temporal, había otro juez al lado, y todos los funcionarios de ese Juzgado, viéndolo. Además, nadie ha acusado a nadie de anomalías. Solo la fiscal Evangelina Ríos, en abril o mayo de este año, presenta una queja porque considera que está habiendo un retraso injustificado por parte de la juez, y lo hace después de una dura discusión en la que la juez manifiesta su desagrado con el comportamiento de dicha fiscal porque -ahora lo sabemos- ordenó al inspector de Hacienda que debía actuar como auxilio judicial en el Juzgado que no contestara a una providencia de la juez hasta que no le contestara a ella un recurso, algo que me parece muy grave. Eso lo ha ratificado el CGPJ al insinuar que, en todo caso, los retrasos podían ser atribuibles a la fiscal, nunca a la juez. Pero es que las diligencias han continuado y la fiscal propuso 200 testigos, que es otro de los motivos de queja de la juez. Por tanto, ahora sabemos, después de que haya estallado este presunto escándalo manipulado desde la Fiscalía, que los retrasos habría que atribuírselos a esa fiscal.
¿Cree entonces que la fiscal ha actuado de mala fe?
Rotundamente sí. Basta con leer los titulares y los textos de El Mundo o LA PROVINCIA, donde se da a entender que la decisión de la juez de no contestar los requerimientos de la acusación de imponer una fianza al imputado han de volverse necesariamente en su contra; y no aquellos requerimientos del imputado, dos requerimientos, de que se le archivara la causa al considerar que no había cometido delito. Si vale una cosa debería valer la otra, ¿o estamos ante varas de medir distintas? A mí me llama mucho la atención las decisiones del juez que ha sustituido a Victoria Rosell, que resuelve exactamente y en estos precisos momentos lo que luego pasa a interpretarse como dejaciones de la juez que pudieran perjudicar al imputado, y no aquellas otras que, también sin resolver, lo hubieran beneficiado claramente. Todo ello después de que la fiscal le solicitara un informe ¡un informe! acerca de la marcha de un proceso en el que ella está personada como Ministerio Fiscal. Vamos a dejarlo de momento en llamativo.
Rosell ha presentado alegaciones ante la Fiscalía en las que considera que existe una persecución política y personal contra ella, ¿insinúa que la Fiscalía también le está utilizando a usted para dañar la imagen política de Rosell y de Podemos?
No, yo no lo insinúo, lo afirmo tajantemente. Estamos ante una investigación de la Fiscalía absolutamente ajena al ordenamiento constitucional, al más puro estilo franquista, que no es otra cosa que una nueva utilización de los poderes del Estado por parte del Gobierno, como ya hizo con el fiscal general del Estado en la querella de Cataluña, que acabó con la dimisión del señor Torres-Dulce por las presiones indecentes que estaba recibiendo.
No parece que sean casos equiparables.
Sí los son, porque estamos ante una gravísima manipulación y además en campaña electoral. La juez Rosell abandona su zona de confort para presentarse a las elecciones y además por un partido que no es tendencia en la judicatura, Podemos. No se va al PP ni al PSOE, que ha habido más casos y nunca ha pasado nada. Pero en cuanto una juez que se ha significado en la lucha contra la corrupción, por la decencia en la política, por la defensa de los débiles, de los inmigrantes y de las mujeres, se lanza al ruedo político, es cuando aparece este escándalo. Si se al ejercicio libre de la profesión, no habría pasado nada, seguro, pero confluyen otros factores.
¿Qué factores? ¿Tiene pruebas de ello?
Primero, la animadversión personal, reconocida por la fiscal [Evangelina Ríos] y reconocida por el fiscal jefe de Las Palmas [Guillermo García-Panasco] hacia la juez Rosell y hacia mí, en gran medida por todo lo que rodeó el caso Lifeblood, en el que estuvo imputada la esposa del fiscal jefe. Y segundo, porque José Manuel Soria me considera su enemigo público número uno tras haber destapado muchos casos de indecencia política de este señor. Yo en lo personal nunca he entrado ni lo haré, aunque él lo haga, pero es evidente que estamos ante un político peculiar. ¿Y por qué digo que Soria está detrás de esta investigación de la Fiscalía? Pues muy sencillo: cuando yo firmé con UD Radio el 28 de octubre de 2015, por error se puso la primera fecha que habíamos hablado, el 26 de octubre. No nos dimos cuenta, ni Patricio Viñayo ni yo, de que la fecha estaba mal puesta. Pasan los días y los abogados nos dicen que hay que volver a firmar el contrato con fecha de 28 de octubre porque el 26 aún no estaba constituida oficialmente la nueva productora de la UD Las Palmas. ¿Y qué ocurre entre el día 28 de octubre y esa segunda firma, una o dos semanas después? Pues que Soria se interesa vivamente por la operación porque considera que con ese contrato la UD está beneficiando a su enemigo público número uno. Pidió la documentación a la UD y se llevó el contrato del día 26, que es justo el que tenía sobre su mesa la fiscal cuando Patricio Viñayo fue a declarar. Cuando Viñayo le preguntó a la fiscal que cómo obtuvo ella un contrato que no existe porque se sustituyó por otro, la fiscal contestó que alguien se lo pasó anónimamente en un sobre, y perdón por lo de sobre. Y a partir de ahí empiezan las irregularidades.
¿A qué se refiere?
Primero, que lo esté investigando la Fiscalía Provincial. ¿Qué hace la fiscal de Delitos Económicos investigando una posible infracción disciplinaria de una juez, algo que solo compete al CGPJ, como si no hubiese defraudadores en Canarias para perseguir? Segundo, ¿sabe la señora fiscal lo que dicen todas las circulares del Ministerio Público respecto a los anónimos? Pues que solo se pueden tener en cuenta en caso de grave delito. Y digo delito, no infracción disciplinaria. Estamos ante un proceso que se inicia absolutamente viciado, con clara intencionalidad política y para hacer daño a dos personas, una de ellas candidata a las elecciones y a la que se le vulneran los derechos fundamentales, como acaba de ratificar la Sala de lo Contencioso del TSJC. En plena campaña electoral se le mancilla su nombre para que sufra un desgaste político y público antes de que se celebren las elecciones. Y de paso, para hacerme daño a mí, que he solicitado personarme y no me han dado traslado de las actuaciones porque no quiere la Fiscalía que haya muchos testigos de lo que está haciendo. Por no hablar de las filtraciones perfectamente dirigidas y en las que se ha utilizado a una persona de la carrera judicial; filtraciones que sólo pueden proceder de la fiscalía al no haber en la causa ninguna parte personada y no entregarse a los testigos ni siquiera la copia de su declaración.
¿Qué consecuencias está teniendo la investigación de la Fiscalía en la carrera política de Rosell? Da la impresión de que hasta le puede beneficiar, pues la batalla electoral se centra en ella y en Soria, relegando a los demás candidatos a un segundo plano.
No sé las consecuencias que va a tener, pero sí tengo muy claras las motivaciones: que se produzca un daño irreparable en su imagen privada y pública, en su imagen como intachable servidora de la Justicia, que no ha tenido ni una mácula en toda su carrera. Y sobre todo desgastarla ante un partido, Podemos, que tiene un código ético muy exigente, para que sufra las consecuencias de ese código ético. Creo que lo que quieren la Fiscalía y Soria es endilgarle un titular de periódico en la que aparezca imputada de alguna forma, a cualquier precio. No sé cómo lo harán, pero me da la sensación de que la Fiscalía se cree absolutamente impune y respaldada por poderes superiores para seguir no se sabe hasta dónde.
Visto desde la distancia, esto parece un folletín novelesco, con una juez metida a política, su compañero periodista, un fiscal y su esposa, otra fiscal con animadversión personal, un ministro que pone querellas y un presidente de equipo de fútbol. No parece que estén dando muy buena imagen de la justicia.
Probablemente con esto no se recupera el prestigio de la justicia, sino más bien al contrario, pero estamos viendo una utilización indecente y seguramente ilegal de los mecanismos del Estado, pues en vez de perseguir los delitos se están utilizando para una vendetta política. Además, algunos actores ya se repiten con respecto a otro caso de 2011, cuando la misma juez Rosell abrió diligencias contra Lourdes Quesada, que era secretaria general técnica del Servicio Canario de Salud por el caso Lifeblood. En aquel momento, Soria montó en cólera y acudió con María Dolores de Cospedal y Federico Trillo a presentar una queja ante el CGPJ, que él llamó denuncia, para decir que Victoria Rosell había redactado la querella del Salmón que yo le había presentado a Soria en el año 2007. ¡Fijense! Él sabía que lo que estaba haciendo era un invento, pero consiguió montar su escándalo. Y también aparece ahora el mismo periodista de El Mundo, Fernando Lázaro, y otra persona, cuyo nombre no voy a dar ahora, que es la persona que lleva y trae los recados de Soria a ese periodista de El Mundo. Y no es una persona cualquiera. Aquella queja se archivó, como no podía ser de otro modo, pero los titulares difamatorios se consiguieron, como se han conseguido ahora. Era lo único que buscaban.
Soria ha presentado una querella contra María Victoria Rosell en los Juzgados de Madrid por acusaciones similares a las que usted está realizando ahora, por lo que es posible que esta entrevista también acabe en los tribunales. ¿No considera usted que su comportamiento con Soria trasciende las relaciones que deben regir entre un político y un periodista?
Yo procuro ser muy cuidadoso con las cosas que digo y lo que digo procuro tenerlo probado. Como probé el viaje del salmón, o en el caso chalet, cuando vivió invitado por un empresario al que beneficiaba en el negocio eólico; como demostré el viaje a Punta Cana para pernoctar con trato de favor, o que lleva años alojándose en un hotel ilegal de Lanzarote pese a que es ministro de Turismo. A lo largo de nuestra áspera relación, me ha presentado unas cuantas querellas y siempre pidiendo prisión. ¿Para qué? Porque el señor Soria, lejos de intentar mantener el diálogo conmigo, el diálogo habitual entre un político y un periodista, lo que intenta es mi aniquilación como periodista y como ciudadano. En ningún momento me mandó una nota de réplica ni rectificación. Jamás se me ha puesto al teléfono cuando he querido recabar su versión. Jamás ha permitido que los miembros del PP hablen conmigo. Me encanta escuchar estos días al candidato del PSOE, Sebastián Franquis, reclamar reiteradamente a Soria que diga por qué, cuando el PP llegó al poder en 2011, fueron apartados de sus puestos los inspectores jefes y altos cargos de la policía que investigaban los casos de corrupción de su partido en Canarias. Él no contesta nunca a Franquis, y por último ha dicho que no le consta. Pero a mí sí me consta. No puedo dar los nombres para no perjudicarles, pero hay policías que pasaron de dirigir investigaciones por corrupción del PP canario a patrullar la ciudad en un coche zeta. Esa es la manera de actuar de Soria.
