La juez Victoria Rosell salió ayer al paso de publicaciones que aseguran que en el caso contra el propietario de Seguridad Integral, Miguel Ángel Ramírez, por presunto fraude fiscal, esta dilató la instrucción y retuvo datos claves pese a las demandas que se le hacían desde la Fiscalía. Salvador Alba, el magistrado que sustituye a Rosell en el Juzgado de Instrucción número ocho de Las Palmas de Gran Canaria, estableció el pasado jueves una fianza de 35 millones a la empresa de seguridad. Un trámite solicitado siete veces por la fiscal Eva Ríos, desde abril de 2014. El diario El Mundo publicó ayer un informe del juez sobre otras diligencias llevadas a cabo desde que se hizo cargo del caso. Apunta al supuesto hallazgo de un pendrive con documentación que, asegura, no había sido abierto ni enviado copia a las partes. Rosell asegura que ella misma ordenó el 30 de julio de 2014 (en la imagen) que se facilitase a las acusaciones y defensa la memoria USB con datos de la investigación de la Policía. LA PROVINCIA
