El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, convocará una junta extraordinaria en enero para explicar a sus colegas las razones por las que la Fiscalía ha decido elevar una queja por razones disciplinarias contra la juez en excedencia Victoria Rosell.
La "dación de cuentas" no la ha promovido García-Panasco a iniciativa propia, sino a petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), cuyo portavoz en Canarias, Antonio López, ha pedido explicaciones a su superior ante el revuelo que dicha actuación ha suscitado en el ámbito judicial, pues no existen antecedentes de diligencias preprocesales abiertas para recabar datos en el ámbito administrativo sobre una posible infracción disciplinaria de una magistrada.
El fiscal jefe entiende que no concurren razones de urgencia o complejidad para convocar una junta extraordinaria, pero accede a la solicitud formulada para abordar el asunto "lo antes posible" y con la "exclusividad" que reclama la Apif, al objeto de explicar la actuación del ministerio público en ese expediente y resolver las inquietudes surgidas a sus colegas. La asociación progresista de fiscales también ha reclamado un debate monográfico sobre el asunto.
El fiscal del Tribunal Supremo (TS) y portavoz nacional de la Apif, Salvador Viada, utilizó ayer su blog personal para criticar la iniciativa adoptada por la Fiscalía de Las Palmas. Viada, según la agencia Efe, asegura que le deja "estupefacto" que una compañera de profesión haya abierto diligencias disciplinarias contra una juez y también que sus superiores "lo consientan".
La justicia de Salvador Viada
"La apertura de diligencias preprocesales con publicidad por una Fiscalía a una candidata al Parlamento para investigar una infracción disciplinaria, según anuncia en un comunicado de prensa la propia Fiscalía, cometida supuestamente antes de pedir su excedencia como juez, en pleno período electoral, me deja estupefacto. Y que se consienta por la jerarquía, pues también", asegura el portavoz en su blog Justicia imparcial.
Esas diligencias se incoaron al recibir el ministerio público de manera anónima el contrato de un negocio radiofónico que la pareja de la juez firmó con la Unión Deportiva Las Palmas, cuyo presidente, Miguel Ángel Ramírez, era investigado por el juzgado que ha dejado Rosell para presentarse a las elecciones.
La Fiscalía de Las Palmas hizo pública dicha actuación tras las peticiones de los medios de comunicación, con la finalidad de aclarar que las diligencias abiertas no eran penales, sino destinadas a valorar la posible existencia de una infracción disciplinaria.
