Pase lo que pase en las elecciones de mañana, en lo que no hay duda es en que abre una nueva etapa en la vida política española no sólo en relación con su sistema de partidos, sino también con el sistema institucional y el modelo territorial que surgió de los acuerdos que dieron lugar a la Constitución de 1978. La España autonómica, tal como se ha concebido y gestionado hasta ahora, se ha declarado en crisis y se verá seriamente retocada sin que por el momento se tengan demasiados datos sobre el modelo hacia el que se pueda caminar.
La nueva composición política que se prevé en el Congreso, las tensiones territoriales acumuladas en los últimos tiempos, y las distintas posiciones que se han venido apuntando desde los partidos, auguran un profundo debate sobre la organización del Estado y la revisión del encaje de los distintos territorios en él.
El proceso soberanista abierto en Cataluña es sin duda la principal incógnita que habrá que despejar en la etapa venidera, aunque muy probablemente la solución pase por ligar esa salida a la reforma del todo y a la revisión completa del modelo. Es la pieza del puzzle que ahora no encaja, pero puede convertirse en la que al final sirva para recomponer y concluir el rompecabezas, que pasaría seguramente por algún tipo de reforma constitucional. En ese nuevo marco, Canarias se presenta como uno de los territorios que quiere mejorar su posición. No sólo pretende mejorar su nivel de autogobierno y lograr más competencias a través de la reforma de su Estatuto de Autonomía, sino elevar el rango jurídico del reconocimiento de la insularidad en la Carta Magna, y blindar su fuero histórico recogido en el REF.
Mayoría reformista
Las tesis reformistas sobre el modelo de Estado van a ser ampliamente mayoritarias en la aritmética parlamentaria que se configure mañana si las encuestas no van desencaminadas. Además de la reforma de la Constitución para darle al Estado el carácter federal que plantean abiertamente PSOE (y NC en las Islas), Podemos e Izquierda Unida, la totalidad de los partidos nacionalistas (incluida CC) vienen haciendo distintas reivindicaciones sobre sus respectivos territorios que coinciden con ese planteamiento. Queda por ver si ese tipo de solución encauza el problema catalán y detiene el afán independentista que avanza sin parar en esa comunidad autónoma desde hace tres años, pero es sin duda el tipo de salida por el que apuestan la mayoría de las formaciones políticas.
Aunque también Ciudadanos habla de una reforma constitucional en su programa, muchos elementos de su ideario y discurso territorial coinciden con las tesis recentralizadoras del PP, poniendo el énfasis en la delimitación de las competencias para poner fin a nuevas transferencias, y cuestionando incluso, lo que no hacen los populares, el cupo vaso y el fuero navarro.
De esta forma, el tipo de mayoría parlamentaria que se configure tras el domingo, y el gobierno a que dé lugar, determinará el enfoque del puzzle autonómico que se avecina, incluyendo en él la reforma del sistema de financiación pendiente desde el 2009, así como el tratamiento del control del déficit para los próximos cuatro años.
También está por determinar, según el resultado electoral, el papel que puedan jugar los partidos nacionalistas. Mayorías absolutas aparte, desde hace décadas los nacionalismos catalán, vasco e incluso el canario han condicionado las políticas autonómicas del Gobierno central de turno. Con el proceso independentista en marcha, parece obvio que el nacionalismo catalán se descarta como socio o apoyo de cualquier gobierno, pero sí se verá obligado a pactar algún tipo de acuerdo sobre el futuro de Cataluña, que en ningún caso va a ser el de la "desconexión pactada" que reclaman. Tampoco parece probable que la salida pase por la convocatoria de un referéndum, pero sí la de una reforma constitucional de contenido federal que ampare un nuevo Estatuto, y alguna cesión en materia tributaria y de financiación autonómica para Cataluña. No el cupo vasco, pero algo parecido.
Esta fórmula es impensable, con todo, si lo que se da es un gobierno de PP y Ciudadanos, quizá el pacto más probable tras el domingo si es que suman mayoría, pero seguramente el más controvertido desde el punto de vista de la política territorial teniendo en cuenta que ahora mismo sólo cinco comunidades autónomas están gobernadas por los populares -Galicia, Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja-, en todas ellas, menos la primera, con el apoyo externo del partido de Albert Rivera.
El Partido Popular no se plantea ni de lejos tocar el cupo vasco y el fuero navarro porque sabe que eso radicalizaría al ahora templado PNV y podría desencadenar una desconexión a la vasca, pero por otro lado está viendo cómo Ciudadanos se está convirtiendo para muchos de sus simpatizantes y votantes en la referencia en materia de política territorial. Ha sido su éxito en Cataluña como principal látigo del independentismo el que ha catapultado a este partido en el resto del Estado. Cualquier fórmula de gobierno en la que entre en juego Ciudadanos, que jamás pactará con los nacionalistas, tendrá en este campo una de las principales encrucijadas a resolver.
Vigilando asimetrías
Un hipotético gobierno de PSOE y Podemos, si sumaran, tendría a priori, salvo el referéndum catalán que asume la formación morada, bastantes elementos en común sobre cómo abordar el futuro puzle autonómico y de hecho son varias las comunidades autónomas donde están coaligados. Pero los barones territoriales del PSOE, especialmente Susana Díaz desde Andalucía, vigilarán muy de cerca lo que pudiera hacer Pedro Sánchez, si éste alcanzara La Moncloa, vetando concesiones inasumibles a Cataluña o asimetrías crecientes entre las distintas regiones en función del peso de sus respectivos nacionalismos.
La mayoría de las comunidades centran sus reclamos en mejorar su financiación autonómica porque han visto cómo la crisis y los recortes han hecho mella en la calidad de sus servicios básicos y eso ha producido mucho descontento social.
Es ese también uno de los objetivos de Canarias en la nueva legislatura porque pierde 800 millones anuales sobre todo por el déficit sanitario. La otra prioridad es el reconocimiento de los costes de la lejanía y la insularidad a través de un REF de obligado cumplimiento.
Durante los años del bipartidismo imperfecto, el nacionalismo canario llegó a jugar, con cuatro diputados, su papel en la política estatal y logró acuerdos políticos importantes con el Gobierno de turno. En un escenario de fragmentación parlamentaria como el que se avecina, una CC a la baja y con el único escaño que le dan las encuestas vería muy reducidas sus posibilidades de influir. También pudiera ocurrir, sin embargo, que a cualquiera de las mayorías posibles le falte el diputado que le faltó a Felipe González en 1989 y encuentre en el representante de CC, si logra la elección, la asistencia que el histórico líder socialista encontró entonces en aquel Luis Mardones de las AIC tinerfeñas.
