El complicado resultado electoral del domingo, en el que no se vislumbran muchas combinaciones de pactos factibles que permitan la investidura y la estabilidad del próximo Gobierno, es un desafío para la aritmética y la capacidad de entendimiento de las fuerzas electas, bajo la amenaza de un calendario que apenas deja un margen de dos meses (que empazarán a contar a partir de que se produzca la primera votación en la cámara) para lograr la mayoría mínima necesaria que permita elegir presidente y eludir la repetición de las elecciones.

Los partidos y líderes elegidos por los votantes tienen ahora la encomienda de intentar buscar las mayorías (por alianza y acuerdos, o por inhibición)_que los ciudadanos no han otorgado en las urnas.

El sistema electoral español es parlamentario y no presidencialista, por lo que los votantes no eligen presidente del Gobierno sino diputados y senadores. Es el parlamento quien, de acuerdo con la correlación de fuerzas existentes, otorga su confianza a uno de los aspirantes. Se trata, por lo tanto, de una elección indirecta. Sólo cuando un partido logra mayoría absoluta (al menos 176 diputados, que son la mitad más uno de los 350 que integran el Congreso o Cámara baja) queda despejada la identidad del futuro presidente del Gobierno en la misma noche electoral._En este caso, la votación por la cámara, siendo un requisito de enorme sentido democrático, se convierte en una mera formalización de la voluntad popular expresada.

El reparto de escaños que salió el domingo de las urnas no ha otorgado ninguna mayoría suficiente (el PP, la fuerza más votada, se quedó a 52 diputados de la mayoría absoluta), por lo que ahora se abre el periodo de las negociaciones para forjar un respaldo suficiente en torno a la fuerza más votada o a cualquier otra que sume más apoyos. El segundo partido más votado (el PSOE) ha dicho que ahora es el momento del PP. Pero no ha descartado que intente formar un bloque alternativo si Mariano Rajoy, líder del PP, fracasara en reunir los apoyos que precisa.

El calendario. El tiempo para los acuerdos empezó a correr de facto desde la misma noche del domingo aunque por ahora no se está consumiendo ningún plazo. Ni tan siquiera se pondrá en funcionamiento la cuenta atrás tasada e inexorable el 13 de enero, que es la fecha en la que se constituirá la cámara baja. Esta fecha es muy importante porque se elegirán los integrantes de la mesa del Congreso , y entre ellos a su presidente, y en la votación se podrán apreciar sintonías entre unas y otras formaciones. En todo caso, lo que ahí ocurra tampoco será necesariamente determinante de los acuerdos que pudieran estar negociándose con discreción entre los grupos políticos para elegir al jefe del poder ejecutivo.

A partir de la constitución del Parlamento, y en plazos de tiempo juzgados como prudentes pero no taxativos, el Rey Felipe VI, como jefe del Estado, abrirá un turno de consultas con los líderes de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria para conocer el grado de consenso que pueda existir entre ellas y los alineamientos que vayan a mantener los distintos grupos parlamentarios.

En virtud de la posición que declaren los dirigentes de las formaciones, el Monarca encomendará la formación de Gobierno a aquel aspirante con mayores posibilidades de obtener una mayoría simple en el caso de que ninguno tenga mínimamente garantizada la mayoría absoluta. En esa tanda de contactos, el Rey también puede intentar la mediación y la búsqueda de entendimientos entre líderes. Las leyes no imponen un tiempo tasado para este proceso de consultas, pero la experiencia en la actual etapa constitucional limita el periodo a menos de una semana.

Una vez que se produce una propuesta (lo normal es que el Rey encargue la formación del Gobierno al candidato avalado por el partido más votado), se convoca el debate de investidura en la Cámara legislativa, en el que el aspirante expone su plan de Gobierno y pide la confianza del Congreso. Si obtiene el respaldo de al menos 176 de los 350 diputados, queda proclamado presidente del Gobierno.

Pero si no logra la mayoría absoluta, deberá someterse a una segunda votación al cabo de 48 horas, en la que le bastará con obtener mayoría simple: más votos a favor que en contra. En este caso, las abstenciones juegan a favor del pretendiente al cargo. De no lograr tampoco el apoyo simple de la cámara, comenzaría a correr el plazo improrrogable de dos meses (a contar desde la fecha de la primera votación) para que otro candidato lo consiga.

En ese plazo de dos meses, el Rey volverá a llamar a consultas a los líderes políticos para conocer si otro candidato, aunque no sea de la fuerza política más votada, stá en condiciones de reunir apoyos suficientes. Si en ese bimestre nadie lograra mayoría absoluta en primera votación y tampoco simple, las Cámaras se disolverían y se convocarían nuevas elecciones. Los ciudadanos deberían volver a las urnas.

Presidente no diputado. Una opción insólita pero posible es que la cámara elija presidente a un candidato que no sea diputado. En la norma española, ser elegido en las urnas no es condición imprescindible para ser presidente. De no haber acuerdo sobre uno de los líderes políticos, las fuerzas parlamentarias podrían optar en teoría por encargar la tarea a un candidato neutro y ajeno a las Cámaras que reuniese apoyos suficientes. No es previsible que ocurra, pero es una opción. Una vía similar fue la usada en Italia cuando el país, muy presionado por las instituciones europeas, designó al tecnócrata y ex comisario europeo Mario Monti en 2011.

Ahora la presión de las fuerzas económicas, de los mercados financieros (a través de la Bolsa, la prima de riesgo, el tipo de interés de la deuda y en su caso la salida neta de capitales) y quizá de las instituciones y socios europeos, va a ser probablemente enorme para que haya un entendimiento, aunque esto no implique la opción insólita sino más bien la proclamación de uno de los líderes electos. En todo caso, quien asuma la responsabilidad de Gobierno deberá medir el grado de estabilidad parlamentaria que estén dispuestos a garantizarle las fuerzas que coadyuven o que simplemente consientan a su elección. La otra alternativa es volver a consultar a los ciudadanos, lo que ocurriría previsiblemente en el segundo trimestre si se toma como referencia la primera votación fallida en torno al 20 de enero o días inmediatos, se suman los dos meses de rigor y los pazos de convocatoria y se añade el periodo de campaña electoral. En este supuesto se abriría la duda de si los nuevos comicios decantarían o no una mayoría suficiente.