El Tribunal Supremo mantiene su rechazo a los recursos de casación en cascada interpuestos por el Gobierno canario contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que dan las razón a las empresas afectadas por la segunda moratoria turística y que reclaman cuantiosas indemnizaciones a la Administración autonómica. Tras las sentencias conocidas hace varias semanas, ahora se han fallado nuevos recursos que suman un total de 62,7 millones de euros. En total son ya ocho sentencias que elevan las cuantías a casi 167 millones.
Según adelantó LA PROVINCIA en diciembre, hay hasta 45 recursos presentados cuyas reclamaciones rondan los 650 millones de euros, según fuentes jurídicas. Se trata de compañías que no han podido ejecutar sus proyectos en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife por las restricciones de la Comunidad Autónoma al crecimiento turístico. Las empresas se acogieron al artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes de 2009, que preveía solicitar una indemnización a cambio de reclasificar suelo turístico a rústico de protección territorial durante cinco años. Posteriormente este artículo fue derogado por la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013, pero ya las empresas se habían acogido a este precepto.
Los fallos del TSJC, ahora avalados por el Tribunal Supremo, no fijan realmente la cuantía de las indemnizaciones sino que obliga a la Administración a iniciar y resolver los procedimientos de reclasificación del suelo y de fijación de sanciones, tal y como establece la ley. El Supremo aclara que los fallos que se están conociendo no prejuzgan sobre el derecho a la obtención y alcance de las mismas.
Derechos consolidados
La sala del TSJC da la razón a los propietarios de las parcelas turísticas, situadas en Gran Canaria y en Fuerteventura, que tenían derechos consolidados así como que cumplían los requisitos legales para obtener la licencia de construcción pero que, debido a la moratoria, no pudieron edificar.
La mayoría de los recursos están interpuestos por Hijos de Francisco López Sánchez, Dehesa de Jandía, Maspalomas Golf e Invertur Helsan, sociedades pertenecientes al Grupo Lopesan, con proyectos hoteleros situados en el sur de Gran Canaria y en Fuerteventura. Las empresas sostienen que el silencio administrativo tenía carácter positivo para sus intereses, argumento validado por la Justicia. Solo un magistrado del Supremo, el canarioJosé Antonio Suay Rincón, emitió un voto particular al considerar que el silencio de la Administración era desestimatorio.
Ante este escenario, el Ejecutivo regional prepara una ley con el fin de sortear el pago de indemnizaciones y buscar fórmulas alternativas que compensen a los empresarios e inversores y evite desembolsos a las arcas autonómicas. Entre estas alternativas figura la restitución de los derechos urbanísticos suspendidos por la moratoria.
Los grupos que respaldan al Gobierno canario, CC y PSOE, habían presentado en un primer momento una enmienda a los presupuestos de 2016 en relación con el artículo de la Ley de Medidas Urgentes, pero el texto fue retirado ante el temor de que se vinculase a las cuentas autonómicas si finalmente el Gobierno tiene que pagar algún tipo de indemnización a las empresas litigantes. El Parlamento debatirá la ley este mes o en febrero por la vía de urgencia.
