Canarias ha tardado 128,51 días de media en los últimos meses en responder las solicitudes del Defensor del Pueblo, frente a los 96,85 días de promedio de las comunidades autónomas.
La Comunidad Foral de Navarra, la Cámara de Comercio de Guadalajara y 36 ayuntamientos de varias provincias han sido calificados por el Defensor del Pueblo como "administraciones entorpecedoras" de su trabajo durante los últimos meses, porque no han respondido a sus requerimientos de información.
Según un informe elaborado por el Defensor del Pueblo, las administraciones citadas son "entorpecedoras" porque "han dificultado u obstaculizado" su trabajo, "bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actuación que, por negativa, merece ser destacada".
De media, las administraciones han tardado en responder las solicitudes de información del Defensor del Pueblo 85,08 días en 2015, frente a los 78,54 que se demoraron el año anterior.
Las más tardonas son las comunidades autónomas, 96,85 días de promedio (90,67 en 2014), que llegan hasta los 141,59 días de media en el caso de Baleares o los 128,51 de Canarias, frente a los 62 días que se retrasa el País Vasco o los 64,7 de Asturias.
Mientras tanto, las corporaciones locales emplean 95,14 días de término medio para responder a sus requerimientos, algo menos que en 2014, que fue de 95,61, y la Administración General del Estado tarda 76,81 días (66,37 el ejercicio anterior).
Respecto a los últimos meses, el Defensor del Pueblo señala el caso del Gobierno de Navarra, en concreto de su departamento de Presidencia, Función Publica, Interior y Justicia, que lleva 102 días para responder sobre una petición relacionada con el bienestar animal.
Y 117 días lleva también la Cámara Oficial de Comercio e Industria en Guadalajara para dar contestación a un asunto relativo a su régimen interno.
En cuanto a las 36 administraciones locales que más están tardando, 5 de ellas son de la provincia de Murcia: los ayuntamientos de Cartagena, Ceutí, La Unión, Mazarrón (por dos temas) y Totana.
Cartagena es, de hecho, una de las administraciones que más se está demorando y ya lleva 423 días sin responder a una petición de información de registro de asociaciones locales.
La otra que más se retrasa es el Ayuntamiento de Villapalacios, en la provincia de Albacete, que desde hace 427 días no contesta al Defensor del Pueblo sobre sus licencias urbanísticas.
