Aspectos como el impacto sobre la economía insular o regional, especialmente en el ámbito de la generación de empleo; la capacidad para movilizar inversión privada interna o externa, o la repercusión en sectores de especial interés para el Archipiélago como el turismo, las energías, la industria, la innovación, el tratamiento y reciclado de residuos o la internacionalización son algunos de los principales criterios que se utilizan por la Comunidad Autónoma para declarar una inversión como de interés estratégico para el Archipiélago.
La Ley 3/2015 sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas para Canarias establece que estos proyectos pasarán a ser tramitados en la mitad de tiempo en los procedimientos administrativos previstos en la normativa de cualquier Administración pública de las Islas, es decir, la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos.
Esta reducción sustancial de los plazos también se extiende a la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico; el otorgamiento de las licencias y los procedimientos ambientales.
Desde que inició su andadura el Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, el anterior Gobierno llevó al mismo varios proyectos para la ejecución de colegios y centros educativos que requerían de una agilización administrativa o del planeamiento. También se estudiaron varios proyectos de parques eólicos y de subestaciones para el suministro de energía eléctrica. Otros proyectos que se trataron en este órgano se referían a inversiones de empresas y multinacionales extranjeras que pretendían instalarse en Canarias antes de la reforma del REF y de la Zona Especial Canaria (ZEC).
