El Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife acogió ayer la primera sesión del caso Arona, una presunta trama de corrupción que tiene que ver con la concesión de más de 200 licencias urbanísticas ilegales y casi un centenar de contrataciones a dedo desde el Ayuntamiento de ese municipio del sur de Tenerife. Se sientan en el banquillo 13 políticos, funcionarios y empresarios, entre ellos la Junta de Gobierno Municipal entre 1999 y 2007 a cuyo frente se sentaba el nacionalista José Alberto González Reverón. Los abogados de todos ellos coincidieron a la hora de denunciar supuestas negligencias durante la fase de instrucción de la causa, a cargo del juez Nelson Díaz, al que acusaron de parcial, y motivo por el solicitaron a la Sala la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo durante ese procedimiento.

La defensora de del exalcalde y del resto de concejales procesados -Félix Sierra (PP), Manuel Barrios (CAN-CCN), Daniel Martín (CAN), Juan José Alayón (CC), José Luis González (CAN) y Alfonso Barroso (CC)- fue la más vehemente en su exposición hasta el punto de denunciar "manipulación" en la instrucción del caso y de trato "inquisitorial"; otro de los abogados aseguró que el instructor "sustrajo indebidamente" el caso al juzgado número uno de Arona.

La fiscal rechazó las peticiones de nulidad porque, dijo, contra la posible parcialidad del juez instructor solo cabe presentar una recusación, algo que, añadió, no se ha producido. Defendió que los registros se hicieron con garantías judiciales, y en cuanto al trato "inquisitorial" comentó que tampoco hubo denuncias con anterioridad.

Tanto las defensas como la fiscal y la acusación particular pidieron a la jueza que decida acerca de la nulidad antes de que comiencen las declaraciones previstas para hoy.