La mayoría de los empleados de las empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma no han percibido la parte de la paga extra de 2012 reintegrada por el Ejecutivo canario en diciembre al personal de la Administración regional, a través de un crédito extraordinario. El sector público autonómico está sujeto a planes de viabilidad que impiden abonar estas cantidades porque las condiciones económicas y financieras de las empresas lo impiden.
Varios comités de empresa de estas sociedades mercantiles ya se han puesto en marcha para presentar demandas judiciales para reclamar los atrasos que les corresponden, entre ellas Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias SA (GSC) o Visocan.
Según la ley de presupuestos de 2016, hay 1.362 empleados en las sociedades mercantiles públicas. El coste de personal de las mismas es de 49,2 millones de euros incluyendo la Seguridad Social. Hay cuatro empresas en proceso de liquidación -Congress Bureau Maspalomas y Tenerife, Saturno y Gestur Las Palmas-, por lo que las operativas son 16. Entre las sociedades que sí han abonado la parte de la paga de 2012 están Gestión del Medio Rural (GMR), Radiotelevisión Canaria, Hecansa y Promotur, que suman una plantilla de 449 trabajadores.
Los sindicatos critican que el sector público se homologara al resto de la Administración en los recortes y que ahora no se les reponga en la misma medida que a los funcionarios y laborales de la Comunidad Autónoma. Pedro Moreno, dirigente de Comisiones Obreras (CCOO), critica que hay empresas que tienen beneficios en sus cuentas de resultados y, sin embargo, no han pagado el 26% de la paga de 2012 que se suprimió a los empleados públicos.
Los planes de viabilidad de las sociedades mercantiles los puso en marcha la Consejería de Economía y Hacienda en la legislatura pasada debido a los recortes presupuestarios y ante la crisis financiera que atravesaba el sector público autonómico. El departamento que ahora dirige Rosa Dávila alega que la paga la pueden pagar aquellas empresas que lo puedan hacer en función de sus condiciones económicas y financieras y que no vulneren los planes de viabilidad que se están aplicando. Sin embargo, Hacienda no tiene aún datos cerrados del ejercicio 2015 sobre la situación del sector público y qué empresas pueden afrontar la devolución de esta paga. La Consejería de Presidencia, donde residen las competencias de Función Pública, elude la problemática al ser Hacienda la que controla los planes de viabilidad.
