La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con sede en Madrid, se ha hecho cargo de la investigación que afecta a la Radio Televisión Canaria (RCTV), cuyo exdirector general Guillermo García está imputado por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación junto a la exdirectora financiera Lourdes Reyes y el empresario Francisco Padrón.
La fiscal delegada por Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, ha participado en la investigación desde su inicio, pero como miembro de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, es decir, en coordinación con la fiscal jefe provincial, Carmen Almendral. Ahora asume el caso como delegada de Anticorrupción y, por tanto, su labor será supervisada por el máximo responsable de ese departamento, Antonio Salinas.
Ambas plantearon en julio a Salinas la conveniencia de que la Fiscalía contra la Corrupción se hiciera cargo de las pesquisas por el tipo de delitos investigados, su trascendencia y la complejidad de la trama, según han explicado fuentes del ministerio público. Madrid aceptó la competencia el pasado mes de diciembre y, tras varios problemas en la notificación de su resolución, ésta ha sido comunicado recientemente al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Su titular, María de Lorenzo-Cáceres y Farizo, es quien dirige el procedimiento abierto a Willy García.
La investigación arrancó con los contratos firmados por García en sus primeros años como presidente de RTVC, los cuales ascendieron a 2,3 millones y fueron suscritos con la productora Amanecer Latino. Esta empresa es administrada por Francisco Padrón, mentor y amigo de García. La magistrada tiene indicios de que se han podido inflar los precios de unos 300 programas cuatro veces por encima de su valor, con la finalidad de beneficiar a Padrón para que pudiera saldar una deuda de 1,6 millones con la Seguridad Social.
Además, en noviembre, la juez amplió la instrucción a los contratos firmados con otras dos productoras, Siete Mares y Doble Diez Comunicación. García trabajó para esta última antes de ser nombrado director general de RTVC en diciembre de 2007. Asimismo ha recabado información sobre los últimos meses de su gestión. En ellos suscribió al menos cinco acuerdos con la empresa Report Line Producción Audiovisual por importe de 1,3 millones. Se trata de programas como Abriendo Puertas (sobre los edificios más importantes del patrimonio arquitectónico de las Islas), Parranda canaria (sobre el folclore isleño) y Venus a la vista (espacio de entrevistas a mujeres destacas presentado por el periodista Andrés Chaves).
Las pesquisas, sin embargo, van más allá de supuestas irregularidades en la contratación. La magistrada también ha ordenado al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que investigue si Rubén Fontes, exjefe de Producción del ente público con García, ha podido extorsionar a varios ayuntamientos de Las Palmas para favorecer a Siete Mares, SL.
Por esas conexiones, al tratarse de fondos públicos, la Fiscalía contra la Corrupción ha decidido colaborar con la juez instructora. Es la tercera causa que asumen en Santa Cruz de Tenerife. Las anteriores fueron Las Teresitas y la rama tinerfeña del caso Fórum.
