Los trece imputados por el caso Las Teresitas, entre los que se encuentra el exalcalde nacionalista Miguel Zerolo, acudieron ayer al Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife para aportar una relación de bienes y activos con el fin de cubrir la fianza de 109,4 millones de euros por responsabilidades civiles que se les exige en el auto de fecha 25 de septiembre de 2015, con el que se anunció la apertura del juicio oral de la causa penal.
Viviendas, apartamentos de vacaciones, coches, fincas y locales fueron algunos de los bienes que declararon ayer los investigados por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ayuntamiento santacrucero reclamará en el juicio que su exalcalde responda solidariamente con el resto de los imputados por los más de 82 millones en los que cifra el perjuicio sufrido por la ciudad en esa operación urbanística
Zerolo indicó ayer que él ha aportado la parte de su patrimonio que le correspondía. No quiso entrar en detalles pero manifestó que entre la relación de bienes declaradas no se encuentra ninguna vivienda suya, "porque no tengo".
Los imputados tenían de plazo hasta ayer para presentar la fianza requerida por la juez. En el supuesto de que el Juzgado considere que las garantías aportadas por los imputados -entre ellos empresarios, políticos y funcionarios- no sean suficientes, entonces se seguirán investigando el patrimonio que posee cada uno de ellos y se procederá al embargo del mismo.
En la causa penal de Las Teresitas, cuyo juicio podría celebrarse entre los meses de mayo y junio, se investiga la operación de compraventa por la que en 2001 el Ayuntamiento de la capital tinerfeña pagó 53 millones de euros a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, Inversiones Teresitas, por once parcelas de la playa chicharrera; 34 millones más del valor establecido por la exarquitecta municipal Pía Oramas y a la que presuntamente de desoyó para cerrar el negocio.
Entre los imputados por el caso Las Teresitas se encuentran además de Zerolo y el exedil de Urbanismo Manuel Parejo, también de CC y ya condenado a tres años de prisión por el caso Mamotreto (edificio de aparcamientos en la misma playa que se tramitó en el Ayuntamiento, se aprobó, adjudicación y se dio visto bueno a su construcción pese a conocerse de antemano que no se ajustaba a las normas urbanística y se hacía sobre la servidumbre de protección de Costas).
Tanto para Zerolo como para Parejo la Fiscalía pide ocho años de cárcel.
Asimismo, están inmersos en la causa los exconcejales Emilio José Fresco, del PSOE, y José Emilio García Gómez, del PP; el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín; varios funcionarios, entre los que encuentran Víctor Reyes y José Luis Roca, y los empresarios Ignacio González, Pedro González, Antonio Plasencia (actualmente está pendiente de que la Fiscalía acepte el pago de una indemnización de 52 millones para eludir la cárcel por la extracción ilegal de áridos de los barrancos de Güímar) y Carlos Plasencia. Para estos, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel. La fianza se exige tanto a los trece investigados como a las entidades Inversiones Las Teresitas, Promotora Victoria y Promotora Puntalarga que intervinieron en el proceso de compraventa de los terrenos.
Para el juicio de la causa civil de Las Teresitas sí hay fecha ya. Este se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de febrero y también durante los días 2,3 y 7 de marzo debido a la elevada cantidad de testigos y peritos que acudirán la sala. Con la causa civil, el Ayuntamiento de la capital espera poder recuperar los 52 millones de euros, más intereses, que le pagó en 2001 a Inversiones Las Teresitas, empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, por el frente de la playa. Asimismo, también esperar recuperar las once parcelas que centran la polémica, pues durante la instrucción judicial se descubrió que éstas ya pertenecían al propio Consistorio chicharrero.
