El presidente canario, Fernando Clavijo, aclaró ayer que la nueva Ley del Suelo que está elaborando el Gobierno no entrará de lleno en aspectos que atañen al sector turístico. "Luego tendrá que hacerse una ley turística aparte o la que se acometerá por este Gobierno para reformarla y mejorarla", matizó el jefe del Ejecutivo.
Insistió en que la normativa sobre el territorio que prepara un comité de expertos busca regular el suelo de las Islas "de manera más simplificada y, sobre todo, más ágil y segura jurídicamente".
El propósito del Gobierno es dejar "una única ley" acerca del territorio y no tener textos refundidos que dificulten la interpretación de la normativa. Se trata de ordenar el planeamiento urbanístico y que por ejemplo si un determinado suelo está clasificado para desarrollar una actividad económica "no se tarde de ocho a diez años para sacar adelante un proyecto en Canarias".
Clavijo precisó que el nuevo documento no implicará "barra libre" sobre el territorio. "No va a significar un incremento del consumo del suelo, estamos buscando que haya tiempos ciertos, que los inversores tengan seguridad y que los ayuntamientos y cabildos, cuando inician la modificación de un planeamiento, sepan el plazo en el que va a estar terminado".
Asimismo, garantizó que la reducción de la ley se realizará "con luz y taquígrafos", de forma "transparente" y contará con la participación de la ciudadanía.
En esta línea, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad anunció que mantendrá partir de la próxima semana una serie de reuniones para dar a conocer el borrador inicial de la nueva Ley del Suelo.
La primera reunión será con la Federación Canaria de Municipios y la Federación Canaria de Islas y, seguidamente, se expondrá el texto a arquitectos e ingenieros agrónomos, para continuar en días sucesivos con el resto de colectivos que han hecho aportaciones para la elaboración de este borrador.
Además de las instituciones y organizaciones citadas, el equipo redactor ha contado con la colaboración de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Colegio de Economistas de Gran Canaria, Colegio de Ingenieros Topógrafos, Colegio de Biólogos, Colegio de Delineantes, colectivo ecologista Ben Magec, Colegio de Ingenieros Industriales, Colegio de Aparejadores y representantes del sector primario. Todos han coincidido en la necesidad de simplificar la actual normativa territorial de Canarias.
La consejera Nieves Lady Barreto recibió sus aportaciones tras varias reuniones de trabajo mantenidas con cada uno de estos colectivos e instituciones a lo largo de los últimos meses y las trasladó al equipo redactor de la nueva ley.
Este equipo está integrado por profesionales de reconocida solvencia y personal de la Consejería de Política Territorial.
Entre los miembros de este comité figuran el catedrático de la Universidad de La Laguna Francisco José Villar; Martín Orozco, abogado del Estado en excedencia; Normando Moreno, abogado especialista en derecho urbanístico; Juan José Santana, jefe de área de la Dirección General de Ordenación del Territorio; y María del Pino Rodríguez, profesora de Derecho Administrativo de la ULPGC.
