Basta de enredos. Así lo exigen los constructores y promotores, que quieren tener las cosas claras. Por eso reclaman que la nueva Ley del Suelo, en fase de redacción, simplifique la enorme cantidad de normativa que pesa sobre el territorio de Canarias y clarifique sin ambages cómo, cuándo y dónde se puede construir. Por ahora la música de la norma les suena bien, pero prefieren esperar a ver la letra.
El Gobierno de Canarias dará a conocer a partir de la próxima semana el borrador de la nueva Ley del Suelo. El presidente regional, Fernando Clavijo, insiste en que la misión del texto es ordenar, simplificar y dar seguridad a la ordenación del territorio en las Islas. El desafío es poner fin a las distintas interpretaciones de técnicos de cada administración, descentralizar en cabildos y ayuntamientos la ordenación del planeamiento, agilizar trámites y eliminar trabas para favorecer la inversión y, por ende, la generación de empleo y riqueza.
Un comité de expertos de reconocida solvencia se encarga de elaborar un borrador de la norma, una tarea ingente. Poner orden en el territorio y vaciar de competencias a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) fue una de las promesas electorales el pasado año por Clavijo para acceder a la presidencia de la Comunidad Autónoma. El dirigente nacionalista confía en que el nuevo documento esté listo para entrar en el Parlamento antes de junio y ser aprobado por la Cámara antes de 2017.
Clavijo niega que el texto suponga "barra libre" y garantiza "total transparencia" en su redacción y tramitación. De momento, las organizaciones empresariales le han dado el visto bueno a la propuesta inicial de esta normativa territorial que les ha trasladado el jefe del Ejecutivo y esperan que se concrete en las próximas semanas.
Exceso de normas
Hay de 25 a 30 leyes directas sobre el suelo del Archipiélago, otra treintena de decretos y reales decretos, entre 250 y 300 planes territoriales especiales, más los planes generales de ordenación urbana de cada uno de los 88 municipios y los planes insulares de ordenación del territorio de cada cabildo. Una maraña legal que todos coinciden en que es necesario reducir por la inseguridad jurídica que implica.
El Ejecutivo no empieza de cero en la nueva Ley del Suelo, pero sí pretende dejar una única ley de cabecera y no tener que trabajar con textos refundidos. De hecho, la realidad actual de la normativa ambiental, territorial y urbanística canaria viene determinada por un Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales, objeto de 16 reformas (una por año) desde su aprobación en el año 2000.
Para la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), Salud Gil, resulta imprescindible acotar el marco normativo y acometer una nueva ley "desde la limpieza mental y desde el objetivo de decir qué se puede hacer y qué no, sin más ambages ni vericuetos, sin ningún truco; que haya unas expectativas claras y a partir de ahí el planeamiento lo desarrolle, teniendo en cuenta criterios de calidad y sostenibilidad". A su entender, urge "remover los obstáculos y marcar unas pautas razonables, pero que no sean una barrera a la inversión".
Gil reiteró que "hay que constreñir los tiempos y simplificar los procedimientos". Asimismo, considera que la ley debe facilitar el camino a los empresarios turísticos para que construyan y rehabiliten y, en este último caso, revisar los criterios de calidad, ya que en algunas circunstancias son imposibles de cumplir.
Sus palabras fueron refrendadas por el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) en Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, que incidió en la simplificación administrativa para que exista mayor seguridad jurídica. "Siempre dejando claro que nosotros defendemos un crecimiento y desarrollo de nuestra economía sostenible", matizó Izquierdo, que animó a acabar con "lo que embrolla y crea diferentes interpretaciones técnicas o jurídicas".
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, mantendrá desde esta semana reuniones para presentar el borrador.
La primera cita será con la Federación Canaria de Municipios y la Federación Canaria de Islas. En días sucesivos, se expondrá a arquitectos e ingenieros agrónomos y al resto de colectivos que han hecho aportaciones para el documento.
El equipo que redacta el borrador de la nueva Ley del Suelo está integrado por varios profesionales. En el núcleo duro figuran el catedrático de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar; Martín Orozco, abogado del Estado en excedencia, exdirector general del Servicio Jurídico del Gobierno canario, redactor de varias normas y autor de publicaciones jurídicas; Normando Moreno, abogado especialista en derecho urbanístico; Juan José Santana, jefe de área de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Ejecutivo; y María del Pino Rodríguez, profesora de Derecho Administrativo de la ULPGC.
