La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Patricia Hernández, criticó este miércoles la gestión de su departamento en pasadas legislaturas, lo que impide afrontar nuevas acciones más ambiciosas. "Cuando llegué había una fiesta que pagar", señaló en comisión parlamentaria, donde remarcó que había deudas con la Hipoteca Joven, el alquiler, la vivienda de segunda mano o el desarrollo de las Areas de Renovación Urbana (ARU).

"El dinero es el que es. Podíamos decir, esto no se paga, pero tenemos que poner partidas para esas acciones. Hay tanta gente a la que se debe dinero, por lo menos moralmente, que tenemos que concluir proyectos anteriores", señaló.

Hernández puso como ejemplo el proyecto de rehabilitación de Las Chumberas, en La Laguna (Tenerife), que debió estar en marcha hace años y recientemente se firmó el convenio de reposición. Además, ha dicho que aunque haya más fondos debido a la mejoría económica de las islas, no se pueden utilizar por las limitaciones de la regla de gasto.

Sobre las ARU -motivo central de la comparecencia solicitada por NC-, sostuvo que mejoran la "dignidad" de los vecinos y tienen impacto en la economía por la creación de empleo. Entre 2015 y 1017 la inversión total rondará los 85 millones -25 solo para Las Chumberas- y se beneficiará a unas 2.700 familias.

Asimismo, la vicepresidenta anunció otra inversión de 10 millones de euros en los próximos cuatro años a través de fondos comunitarios para el parque público de viviendas propiedad del Ejecutivo, empezando este año con una partida de 1,7 millones. Hernández también apeló a los grupos parlamentarios a hacer una "reflexión común" de qué modelo de política de vivienda se quiere, qué criterios utilizar, con todas los casos posibles, y "afrontarlo con valentía".

Por otra parte, el diputado de Nueva Canarias (NC), lamentó que los años 2012 y 2013 fueran "perdidos" tras la llegada del PP al Gobierno, aunque no ha ocultado que hay "responsabilidades compartidas", porque no se hizo un plan propio de vivienda. "Fue una gran negligencia", comentó. A su juicio, se actúa de manera "muy lenta" en los ARU, y ha pedido al Ejecutivo que se agilicen los procedimientos para poder poner los proyectos en marcha.

El portavoz del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo (ASG), remarcó que hay que "cooperar" entre las instituciones para que los planes de vivienda sean una realidad, tanto en rehabilitación como construcción de planta nueva, valorando la eliminación de los sorteos, si bien ha pedido que se introduzcan mecanismos revisables con el paso del tiempo.

Por Podemos, María del Río reconoció que hace falta una "intervención integral" en muchos barrios de Canarias, con una dotación financiera suficiente para que las obras se hagan en "plazos razonables", criticando el "interés partidista" que se ha dado en muchas urbanizaciones de las islas. Por ello, ha demandado la "implicación" de vecinos e instituciones, y la reforma de la ley de vivienda con una mesa de concertación en la que estén todos los agentes implicados para evitar la privatización del parque público o fomentar nuevas fórmulas de economía social.

La diputada popular, Cristina Tavío, lamentó las "excusas" del Gobierno regional en la pasada Legislatura para aportar fondos, y alertço a la vicepresidenta de que el anuncio de inversión de 10 millones no sea otra "mentira" como las de Paulino Rivero. En su opinión, solo hay que "exigir" a las instituciones que cumplan para poder recuperar los 30 millones 'pendientes' del Estado, que a juicio de Hernández, "parece que es un dinero que está en una bolsa y se traslada ahora, no supone inversión nueva".

Teresa Cruz, del Grupo Socialista, señaló que con la aparición de la crisis, el urbanismo se ha enfocado a la rehabilitación, que es "más compleja" pero también "más sostenible" desde el punto de vista económico y ambiental. Asimismo, ha dicho que los planes son una "oportunidad" para acometer acciones de reforma integral que mejoran la inclusión social y tienen impacto en la economía a través del empleo y la eficiencia energética.

Por otra parte, Elena Luis, del Grupo Nacionalista, subrayó que las familias de esas unidades tienen escasos recursos y, por tanto, deben contar con apoyo de las instituciones, al tiempo que las obras beneficiarán a parados de larga duración. Por ello, destacó el apoyo "conjunto" del Instituto de la Vivienda y el Servicio Canario de Empleo, y cree que en próximos convenios, hay que ampliar los fondos y advertir al Estado de que los "incumplimientos" tienen consecuencias.