Las organizaciones empresariales rebaten que Canarias necesite un plan contra la explotación laboral para aflorar economía sumergida y contrataciones irregulares. Las patronales sostienen que esta situación no se da en el Archipiélago y, si existe, son "casos aislados" que deben ser erradicados. "Hay demasiados mitos", apuntan, al tiempo que defienden que la inmensa mayoría de los empresarios cumple la ley. En cualquier caso, señalan que la inspección disuade a quienes no están por acatar las reglas del juego.
A partir de julio se incorporarán 40 inspectores al personal habitual de la Inspección de Trabajo, en virtud de un convenio de colaboración entre el Estado y Canarias. La idea es que cada uno efectúe 40 supervisiones y refuercen a los 66 efectivos de la Comunidad Autónoma para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y laboral y el incumplimiento de contratos temporales y a tiempo parcial. Este tipo de contrataciones abunda en los sectores de la hostelería y el comercio, que suelen estar más en el punto de mira de estas auditorías.
Sin embargo, al presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de las Palmas, Fernando Fraile, le parece "un exceso" tanto el nombre del plan como su filosofía y lamenta que "se está creando una opinión pública absolutamente desfigurada de cómo es la realidad". "El que esté cometiendo alguna tropelía que le sancionen, pero hablar de explotación en este momento es excederse un poco", manifestó.
En su opinión, no sucede explotación laboral en España ni en Canarias y "desde luego que no" en su sector, que es "absolutamente transparente" y cuenta con un convenio que "se cumple a rajatabla y protege al trabajador". Es más, en los establecimientos hoteleros al menos el 60% de la plantilla debe tener un contrato fijo, algo que no ocurre en otros ámbitos, y denunció un intento de "desprestigiar" a este sector. "Tenemos la conciencia tranquila", ahondó el presidente de la asociación hotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel), Jorge Marichal, que remarcó que los hoteles tienen un alto grado de inspecciones a lo largo del año. Alegó que el sector que representa está "muy regulado y muy concienciado" y cumple el convenio colectivo. No obstante, señaló que "la norma está para cumplirla y quien no lo haga debe ser sancionado".
Los hoteleros aducen que el aumento de contratos temporales y parciales obedece a las necesidades propias del mercado, al igual que ocurre en el comercio.
Las pymes se sienten "demasiado investigadas", en palabras del presidente de Cecapyme, José Juan Socas, que considera que "es mucho más el mito que hay" sobre los contratos a tiempo parcial en los que se superan las jornadas laborales que "lo que realmente existe". Estima que, si se dan casos de explotación en el puesto de trabajo, es algo "aislado". No obstante, ve positivo el plan para "regular el sistema empresarial canario" y combatir la competencia desleal.
En ello coincidió Víctor Sánchez, de la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias, cuya web dispone de un buzón que ha recibido "algunas denuncias anónimas" sobre casos de economía sumergida y empleo irregular. Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Las Palmas, Eugenio Sánchez, criticó que "al final siempre se castiga al comercio tradicional" con mayores controles, pero no se actúa contra el intrusismo, "donde sí hay un fraude importante". Por ello reprocha que el plan impulsado por la vicepresidenta y consejera de Empleo, Patricia Hernández, está "mal enfocado".
Especialmente duros fueron los sindicatos, que, aunque se mostraron satisfechos por el refuerzo de las inspecciones, insisten en que éstas deben realizarse de forma continua y diaria, no con un plan de choque puntual. La economía sumergida alcanza el 30% del PIB canario y "este problema no se afronta sólo con medidas represivas y sanciones", aseveró el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO) Canarias, Carmelo Jorge, para quien los planes "que se anuncian a bombo y platillo no son suficientes" y abogó por medidas alternativas para incorporar en la economía productiva al empresario que "se sumerge para sobrevivir".
En la misma línea se expresó el secretario de Política Institucional de UGT en las Islas, Pedro Martínez, que reivindicó acciones permanentes y no un criterio sancionador, sino más bien de regularización de la entidad "para que el empresario no se vea inicialmente perseguido por su situación irregular, sino que pueda ponerse al día". Eso ayuda a "aflorar todas las situaciones de abuso y evitar que ocurran en el futuro", concluyó.
