El Gobierno de Canarias eliminará el copago en los centros de día y centros ocupacionales. Así lo anunció ayer la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, que ve injusto que una persona que ingresa una pensión no contributiva tenga que dejar parte de la pensión por ir a ese centro. "Eso no puede ser y no será. Ya lo verán pronto", avanzó en el Foro Ser Canarias / Fundación Mapfre Guanarteme, en el marco de una jornada sobre las estrategias contra la desigualdad y la pobreza.
El Ejecutivo regional quiere suprimir de forma inmediata la tasa en este tipo de instalaciones para quienes perciben una prestación, en su modalidad no contributiva. La eliminación del copago no se extenderá, de momento, a los usuarios de las residencias.
La intención del Gobierno autonómico es asumir el coste derivado de esta decisión, en colaboración con los cabildos. Hernández justificó la medida en que "las sociedades más justas son aquellas que mejor atienden a sus miembros más vulnerables".
Durante su intervención consideró "imprescindible" cambiar el modelo económico de Canarias para lograr un reparto más equitativo de la riqueza y un tratamiento integral de la exclusión social. Defendió un sistema público de servicios sociales que garantice las necesidades básicas de los ciudadanos y coordine la acción de las administraciones para ordenar y consolidar una red de servicios y prestaciones. Un sistema que, además, necesita planificación, control, ejecución y evaluación. La consejera socialista aseguró que el Gobierno está por la labor de ser "un instrumento eficaz" contra la desigualdad mejorando los servicios públicos. "Hemos puesto recursos y pondremos más", adelantó, al tiempo que destacó el aumento de fondos para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para este año y su conexión con las políticas activas de empleo.
En esa lucha contra la desigualdad, por la inclusión y por generar riqueza, el Ejecutivo ha inyectado 7 millones más para cumplir con la Ley de Dependencia, remarcó Hernández, que ha encargado un estudio de los modelos de la atención a la dependencia dentro y fuera de España para explorar tipos de centros, tipos de atención y modelos mixtos. Para la consejera, es fundamental "planificar" en dependencia, en el incremento de plazas y en el aumento de dependientes con derechos. De hecho, en el primer semestre de 2015 se reconoció el derecho a unos 400 dependientes y se llegó a 1.500 en el segundo semestre, así como se ha pagado lo adeudado a los herederos de quienes fallecieron sin cobrar.
Hernández lamentó que el crecimiento económico no llega a todos los hogares canarios y defendió el potencial de los servicios sociales para generar empleo de calidad.
El propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que inauguró el foro, resaltó que pese a que la tasa de paro en el Archipiélago es la más baja de los últimos siete años (26,75%) y la cifra de ocupación es la más alta de los últimos ocho años (813.300 ocupados), los datos "siguen siendo preocupantes y queda mucho por hacer".
No obstante, indicó que ya el Ejecutivo trabaja para dar "un nuevo impulso a las políticas públicas". En el área social, elabora un Plan Estratégico de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, ha puesto al día la lista de espera para el pago de la PCI y ha dotado de más recursos la atención a los dependientes.
"Aunque los principales indicadores anuncian que lo peor ha pasado, superar las secuelas de la crisis no será fácil, pero lo haremos", dijo Clavijo, para quien la crisis ha dejado "profundas y graves secuelas", cuyos efectos se han agravado en las Islas por la insularidad y lejanía.
Al evento acudió la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, el comisionado de Inclusión Social, Néstor Hernández, y representantes de los partidos políticos, entre otros.
