El Gobierno canario tarda unos 33 días de media en pagar las facturas a sus clientes y proveedores, lo que supone una disminución de los plazos de casi la mitad en un año, según los datos oficiales. La Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional tiene como objetivo en este año la reducción del plazo a menos de 30 días para así cumplir con lo que establece la ley de morosidad, que fija en un mes el plazo de las administraciones públicas para abonar la entrega de productos y la prestación de servicios.
Sin embargo, este dato difiere de la información contenida en el último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que fija la morosidad de las administraciones públicas canarias en 66 días y denuncia que en el último trimestre de 2015 la demora en los pagos de las facturas se incrementó un 8,2%, lo que supone un aumento de los plazos de 61 a los 66 días que refleja el estudio.
El Ejecutivo regional presume de ser una de las comunidades autónomas cumplidoras con el déficit público, con el endeudamiento y con el pago a los proveedores. Durante el año 2015 el periodo medio de pago fue mejorando de forma paulatina mes por mes, de tal forma que en enero la media era de 56,2 días, plazo que se fue acortando hasta llegar en diciembre a los 33,1 días.
La consejera de Hacienda del Gobierno regional, Rosa Dávila, discrepa del estudio realizado por los autónomos y advierte que cuando se refieren a las administraciones públicas canarias se incluyen también a los cabildos y ayuntamientos. Dávila puntualiza que los datos del departamento autonómico están corroborados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mes por mes. "Desconocemos qué metodología se utiliza y de dónde se sacan los datos para concluir que en Canarias se tardan 66 días en pagar a los proveedores, pero suponemos que se incluyen a todas las administraciones públicas porque la Comunidad Autónoma ha logrado llegar a los 33 días de media", afirma Dávila.
Hacienda defiende que la Administración tiene un margen de 30 días desde que entra la factura para tramitarla y conformarla hasta que se da la orden de pago. La Administración estima que la morosidad empieza a contar a partir del día 31.
Sin embargo, el presidente de ATA en Canarias, Juan Carlos Arrecivita, recuerda al Ejecutivo regional que desde el año 2013 la morosidad por ley de las administraciones públicas está fijada en 30 días como máximo y que las instituciones siguen incumpliendo. Arrecivita asegura que los trámites no tienen porqué dilatarse 30 días: "el proveedor presenta la factura en registro y no es problema nuestro que la Administración tarde tanto en tramitarla". El representante de los autónomos asegura que hay departamentos del Gobierno regional que incumplen flagrantemente los plazos de pago y pone como ejemplo al Servicio Canario de Empleo, organismo que tarda hasta seis o siete meses en abonar los cursos de formación que imparten las entidades que prestan este tipo de servicios.
Arrecivita añade que el estudio refleja la realidad de los autónomos que padecen la lentitud de las administraciones para cobrar.
