La Audiencia de Cuentas de Canarias ha detectado que la empresa pública de promoción turística Promotur fraccionó un contrato de asesoramiento por importe de 126.000 euros con la Universidad Complutense de Madrid que podría ser objeto de responsabilidad contable, lo que deberá dirimir el Tribunal de Cuentas.

El presidente de la Audiencia de Cuentas, Rafael Díaz, detalló este asunto ante la comisión parlamentaria de presupuestos y hacienda al presentar el informe de fiscalización de la gestión de Promotur del 1 de enero de 2007 al 2 de junio de 2011, con un apartado específico dedicado a los contratos de promoción.

Rafael Díaz señaló que los contratos analizados durante dicho período corresponden a la mayor parte de la actividad de la empresa y precisó que se han ajustado a la legislación "con salvedades", como no hacer constar la motivación en los casos de urgencia y el fraccionamiento del objeto de la contratación.

En el periodo analizado Promotur realizó contratos de servicios vinculados a la promoción turística de Canarias por valor de 69,4 millones de euros, y en el caso de 14 adjudicatarios se superó el millón de euros en sus respectivas contrataciones.

El órgano auditor ha constatado que en muchos de estos contratos no consta la memoria justificativa, y en los realizados con carácter urgente no figura la motivación que dio lugar a este procedimiento.

En seis de los contratos realizados en 2008 no consta tampoco por qué se determinó un incremento en su precio inicial y la Audiencia de Cuentas percibe que ha habido en Promotur una planificación inadecuada y "evidencia" de que en algunos casos el precio final de la contratación superó al de la licitación.

La Audiencia de Cuentas incluye en sus recomendaciones a Promotur que para tener un mayor control es conveniente que en sus anotaciones contables se señale el número del contrato al que hacen referencia y aconseja una planificación más adecuada de la contratación promocional.

La fiscalización, que fue aprobada en diciembre de 2015, se ha remitido al Tribunal de Cuentas para que analice si existen o no responsabilidades en la gestión contable de Promotur que la Audiencia de Cuentas autonómica no haya detectado o puesto de manifiesto, agregó Rafael Díaz.

La diputada de Podemos Asunción Delgado consideró que la gestión de Promotur ha sido "un derroche de dinero público" y sostuvo que "si esos 69,4 millones de euros se hubieran repartido directamente a las personas del lugar a lo mejor se habría creado más riqueza".

Apuntó que parece una práctica generalizada en esta empresa pública la de pagar al personal un plus de viajes y también indemnizaciones por servicio y calificó de "escandaloso" el patrocinio "arbitrario" a actividades deportivas y culturales sin analizar su resultado y eficacia.

Por el grupo Popular el parlamentario Jorge Rodríguez demandó que se analice "el retorno" de la gestión realizada por Promotur en relación con su capacidad inversora, mientras que el diputado socialista Héctor Gómez subrayó que el presupuesto que gestiona esta empresa supone un esfuerzo más que notable por parte de la administración pública.

Elena Luis, del grupo Nacionalista, destacó que en su opinión lo relevante es que la Audiencia de Cuentas confirma que Promotur cumplió con la legislación excepto en las salvedades mencionadas y consideró que al tener carácter de sociedad mercantil se le exime "de alguna manera" de la aplicación directa de la ley de contrataciones públicas.

La diputada de Nueva Canarias Esther González aludió a cuestiones mencionadas en el informe de fiscalización, como los incumplimientos en la contratación y la falta de memoria que justifique su necesidad, y se preguntó si el Tribunal de Cuentas ya ha iniciado algún tipo de procedimiento por supuesta responsabilidad contable.

Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, confió en que se corrijan las irregularidades detectadas y señaló que es necesario tener indicadores para cuantificar la actividad de Promotur en ferias y promociones, pues no hay datos de los contratos que se cierran con operadores ni de los turistas que visitan las islas debido a la labor directa de esta empresa pública.

El presidente de la Audiencia de Cuentas, Rafael Díaz, contestó a los grupos que analizar "el retorno de la inversión" efectuada por Promotur "se encuentra más lejos" de la labor de fiscalización que se pide al órgano auditor y en respuesta a CC afirmó que los contratos de producción que efectúan las sociedades mercantiles públicas están sujetos a la normativa privada.