Los trabajadores sociales acusaron ayer al Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo de relegar los servicios sociales a un segundo plano. Koldobi Velasco, portavoz de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan), expuso que a pesar del crecimiento de las desigualdades existentes en el Archipiélago, donde existen más de 778.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social, el Ejecutivo prefiere mirar hacia otro lado porque tiene otras prioridades.

Velasco aseguró en rueda de prensa que los presupuestos aprobados para 2016 son "insuficientes" porque no garantizan la cobertura de las necesidades básicas de toda la población, no contribuyen a la redistribución de la riqueza ni atienden a un contexto social de injusticia. Solo seis euros de los 194 que invierte el Gobierno regional en servicios sociales se destina a prestaciones básicas como la teleasistencia o ayudas de emergencia. A estas paupérrimas cifras se suma un recorte del 30% en el capítulo de actuaciones de protección y promoción social entre 2010 y 2015. Y aunque en 2016 esta partido aumentó en dos décimas, Velasco subraya que se queda sin subsanar el 28% de lo que se dejó de invertir.

Por otra parte, la portavoz de Redesscan insiste en que las administraciones públicas de Canarias redujeron la inversión en servicios sociales un 10% durante la anterior legislatura. Esto se traduce, entre otras cuestiones, en que haya un trabajador social por 16.000 habitantes, una situación de desbordamiento que se recrudece en Gran Canaria, donde solo hay disponible un profesional por cada 25.000.

Asimismo, el acuerdo firmado el pasado jueves entre la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y el Gobierno regional, por el que el Ejecutivo destinará más de doce millones de euros para garantizar un protocolo de atención a las personas más necesitadas, no soluciona, en opinión de Velasco, las dificultades que están atravesando los ayuntamientos en esta materia. Afirma, de hecho, que 20 municipios de las Islas están teniendo serios problemas a la hora de prestar estos servicios, por lo que reclaman una solución inmediata, más aún por la incertidumbre que sembró la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local respecto al recorte inicial de competencias a los consistorios de menos de 20.000 habitantes.

Como medida paliativa a la situación de "caos y desmantelamiento", los representantes del sector sostienen que al menos habría que aumentar el presupuesto de servicios sociales en 113 millones de euros y exigen, al mismo tiempo, que el Ejecutivo aplique la ley vigente en servicios sociales mientras se plantea la nueva norma, porque la situación de las Islas es grave, ya que a un aumento de la demanda del 40% se suma un recorte de personal y servicios del 20%.

En tales circunstancias, los trabajadores sociales afirman que el sistema público solo llega al 17% de la población necesitada, es decir, solo a una de cada tres personas en situación de exclusión social. "Seguimos teniendo un suspenso; somos la tercera región por la cola en peores resultados en servicios sociales", concluyó Velasco.