La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, ha llamado a declarar en calidad de testigos a Daniel Cerdán y Santiago Negrín en relación con la operación Gloria, en la que investiga presuntas irregularidades que pudo cometer el exdirector general de Radiotelevisión Canaria (RTVC) Guillermo García durante los más de siete años en que estuvo al frente del ente público. Cerdán, hoy comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue director general de Televisión Canaria durante ocho meses en 2007 y predecesor de García. Negrín es el actual presidente del Consejo Rector de RTVC, nombrado por el Parlamento de Canarias en marzo de 2015.
La magistrada retoma así los interrogatorios, suspendidos el pasado noviembre cuando ordenó, por segunda vez en la instrucción de este caso, el secreto de las actuaciones. Tanto Daniel Cerdán como Santiago Negrín habían sido citados a declarar entonces, pero tras la práctica de nuevas diligencias, la instructora dictó una providencia para investigar también la gestión de Rubén Fontes, jefe de producción de RTVC en la época de García.
Lorenzo-Cáceres ordenó a la Policía averiguar si Fontes pudo extorsionar a "autoridades locales de la provincia de Las Palmas con las que se reunió instándoles a que contratasen a la productora Siete Mares, con indicación de que si no lo hacían, no contaran con la colaboración de RTVC".
El Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife entregó dicho informe, a instancias de la magistrada, que ampliaba información sobre la contratación de las productoras Doble Diez y Siete Mares. Ese nuevo informe detallaba los contratos por los que la RTVC habría pagado 22,6 millones de euros solo a Doble Diez, Siete Mares y Amanecer Latino en la etapa de García y Fontes.
De momento, la juez ha imputado a Guillermo García como presunto autor de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, y a Lourdes Reyes, ex directora financiera del ente, como presunta autora de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
En la causa también está imputado Francisco Padrón, administrador de Amanecer Latino, que se embolsó alrededor de 2,3 millones de euros por programas que le compró García para RTVC. Padrón es amigo personal y antiguo jefe de García en Radio Club Tenerife y facturó por 260 entrevistas de 30 minutos a deportistas canarios un total de 1,63 millones de euros. Según declararon varios peritos, fueron "sobrevalorados y carecían de calidad". De hecho, solo ocho entrevistas se emitieron por el primer canal, el resto se pasaron por el segundo y de madrugada.
García también adquirió los derechos de otros espacios que terminaron por redondear la cifra de 2,3 millones pagados a la empresa de Padrón, cuyas cuentas tenía embargadas por la Tesorería de la Seguridad Social. De hecho, en el sumario consta la correspondencia entre RTVC y la Seguridad Social sobre la deuda de Padrón, interesándose por las cantidades que RTVC debía retenerle a Padrón con la firma de cada nuevo contrato para ir liquidando la deuda de éste, que era de 929.419,29 euros, aunque con los intereses devengados ascendió a un total de 1.314.933,94 euros.
