El Gobierno de Canarias ha adjudicado a dedo 65,5 millones de euros en contrataciones externas. La Audiencia de Cuentas denuncia el abuso por parte del Ejecutivo regional de las encomiendas de gestión, que implican externalizar obras o prestación de servicios. Este instrumento debe utilizarse sólo en casos excepcionales por razones de urgencia o especial interés público, pero se ha convertido en una práctica habitual por parte de la Administración. El máximo órgano de fiscalización de la Comunidad Autónoma critica que se recurra a este mecanismo de forma sistemática, sin razones que lo justifiquen, y no se controle la correcta ejecución de los trabajos encargados.
En teoría, las encomiendas de gestión sólo pueden otorgarse cuando la Administración carece de medios técnicos idóneos o personal para realizar una actuación. Esta figura da pie a discrecionalidad y arbitrariedad en la adjudicación de contratos e, incluso, supone un atajo para evitar el concurso público, que sí debe someterse a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
El último informe de la Audiencia de Cuentas detalla que el Gobierno canario formalizó 105 encomiendas en el año 2013 y 129 en 2014. En suma, 234 por un valor total de 65,5 millones, de las que el organismo fiscalizó el 74,7% del importe y analizó en profundidad 74 encomiendas.
El documento destaca que el uso de esta figura no está justificado suficientemente y señala que su empleo recurrente "sin criterios estratégicos" está originando una "progresiva descapitalización de los recursos humanos" en los órganos administrativos, debido a que parte del personal cualificado está al servicio de las empresas a las que se derivan los trabajos. Por tanto, se corre el riesgo de convertir a la plantilla propia de la Administración en una "mera tramitadora de expedientes" o en "supervisora de los trabajos realizados".
Sin justificación
La Audiencia advierte de que en ningún caso analizado se elaboraron estudios de cargas de trabajo en el Gobierno que acreditaran el déficit de medios propios para justificar, por tanto, las encomiendas. La auditoría insiste en que el uso de esta fórmula sirve para suplir carencias de trabajadores de la Administración autonómica o aprovechar la menor burocratización en la tramitación de las encomiendas con el fin de disponer de fondos con mayor celeridad. Sin embargo, su utilización frecuente produce "un trasvase de conocimiento" de lo público a lo privado los que aleja un posible cambio a mejor en el funcionamiento de la Administración.
Es más, la falta de planificación por parte de la Comunidad Autónoma ha provocado "deficiencias en los presupuestos", ya que la mayoría de los gastos de las encomiendas se consideran inversiones en las cuentas regionales cuando en realidad son gastos.
De las encomiendas sometidas a examen, el organismo fiscalizador constata el control "superficial" del Ejecutivo sobre la ejecución de los trabajos y tampoco se concretan los resultados de las encomiendas que permitan verificar su eficacia.
La Audiencia apunta también que delegar una tarea a una empresa sin medios suficientes o cualificados hace que ésta se vea abocada a subcontratar, práctica sancionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De ahí otro reproche: no se tiene certeza de que el Ejecutivo haya ejercido algún control sobre el grado y el alcance de la subcontratación.
Además, antes de 2015 no había límite para la subcontratación, pero a partir de ese año se fija como tope el 50% del coste de los trabajos encargados. Un porcentaje que, en cambio, fue superado en 2013 y 2014 en al menos diez ocasiones.
Otra deficiencia que se aprecia es que en los contratos a través de encomiendas de gestión, sin concurso público, las empresas no se ven obligadas a ofertar a la baja para hacerse con ellos. Nuevamente no hay ningún estudio que respalde que las tarifas aplicadas en las encomiendas son las adecuadas. De forma que la auditoría cuestiona que la encomienda sea la solución "económicamente ventajosa" para las arcas públicas frente a la opción del libre mercado.
En este punto, advierte de las significativas diferencias en las tarifas de euros por hora en relación a determinados perfiles profesionales similares en titulación y experiencia profesional. Si bien es cierto que las tarifas de cada empresa encomendataria deben responder a sus costes reales, a la Audiencia le resulta "llamativa la amplitud de banda en que se mueven estas tarifas". En este sentido, subraya como ejemplo que en 2013 el sueldo de un titulado superior variaba entre los 22,89 euros por hora que facturó la entidad pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) frente a los 46,08 de Gesplan; o bien, los 13,66 euros por hora de un auxiliar administrativo en GMR frente a los 27,84 en Grafcan.
Por último, los auditores reprueban al Gobierno las encomiendas de gestión por importe inferior a 5.000 euros, decisión que "no parece justificada" y que choca con la obligación de la administración de velar por el buen manejo de los fondos públicos. Por ejemplo, se ejecutaron encomiendas de pequeña cuantía por GMR (506 euros en 2013) y por el Instituto Tecnológico de Canarias (en 2013 por 2.250 euros, que se repite en 2014, para el mismo concepto, por 4.500 euros).
Para mejorar el control presupuestario, la Audiencia recomienda la elaboración de informes de actividad cuando las empresas facturen por horas trabajadas.
