El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció ayer la interposición de una querella ante el Tribunal Supremo contra la diputada nacional de Podemos por Las Palmas y juez en excedencia, Victoria Rosell, por un delito de injurias y calumnias y por haber retrasado cuando era magistrada una causa penal "por intereses personales". El también presidente del PP en las Islas argumentó que "no todo vale y mucho menos cuando se va por la vida de justiciera". "Cada cual debe responder de lo que hace o no hace, y de lo que dice o no dice, pero tiene que responder ante la Justicia", añadió.

Soria denunció a Rosell a principios de diciembre porque ella le acusó de instrumentalizar la Fiscalía para perjudicarle en la campaña electoral. El Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid dictó un auto el 4 de febrero en el que admitió a trámite la querella. Sin embargo, Soria la retiró dada la condición de aforada de Rosell, por lo que este juzgado no es competente.

Por ello, dio instrucciones a su abogado, el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, para presentar la querella ante el Supremo con un matiz, ya que esta vez va "directamente al fondo del asunto" y no sólo por injurias y calumnias.

Así, aludió a que Rosell, en su última etapa en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, retrasó la causa sobre el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, cuando éste negociaba un contrato de alquiler de una licencia de radio con su pareja, el periodista Carlos Sosa. Según Soria, Sosa ha reconocido que el empresario le pagó 300.000 euros a cambio del uso de una emisora mientras Rosell instruía la causa contra Ramírez por presuntos delitos contra Hacienda y la Seguridad Social. "Esto es constitutivo de delito", insistió el ministro, que recordó que la acusación particular en este expediente solicitó desde 2014 en más de cinco ocasiones a Rosell que llevara a cabo determinadas diligencias, pero ella hizo caso omiso, al igual que tampoco accedió a fijar una fianza de 35 millones contra Ramírez.

Cuando Salvador Alba le sustituyó en el juzgado impuso esta fianza al empresario y practicó las diligencias retrasadas desde hace dos años. Soria justifica su querella en que "todo esto" le parece "extraño".