La Fiscalía General del Estado ha archivado la denuncia de la exmagistrada Victoria Rosell contra el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco Morales.

La Inspección Fiscal, a petición de la juez en excedencia, abrió en enero diligencias informativas para analizar si García-Panasco se extralimitó en una investigación a la diputada de Podemos, que se inició en diciembre por un negocio radiofónico entre la pareja de ésta y la UD Las Palmas, cuyo presidente, Miguel Ángel Ramírez, está imputado por el juzgado que acababa de dejar la magistrada para dedicarse a la política.

Rosell considera que la Fiscalía carece de competencias para investigarla por motivos disciplinarios, es decir, por una posible infracción al no abstenerse en la causa penal a Ramírez. También acusa a García-Panasco y a la fiscal Eva Ríos de vulnerar sus derechos fundamentales y de actuar por enemistad manifiesta, entre otros argumentos que han sido rechazados por la Inspección Fiscal. Esa resolución, que fue notificada el lunes, concluye que el ministerio público es competente para realizar ese tipo de investigación y, por tanto, no se le ha causado indefensión a la juez ni se ha incurrido en una actuación irregular.

Fiscalía, tras tomarle declaración a varios testigos, remitieron el expediente al Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) el 11 de diciembre, pero el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, archivó la semana pasada la denuncia y avaló a Rosell en la instrucción por supuesto fraude tributario contra Seguridad Integral Canaria, una de las empresas de Ramírez.

Rechazadas las quejas por ambas instituciones, queda por resolverse la demanda de Rosell por vulneración de derechos fundamentales. Ni la Inspección Fiscal ni el CGPJ han cuestionado la actuación del ministerio público en ese sentido, pero es la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la que deberá pronunciarse.

El ministro José Manuel Soria, rival de Rosell en las elecciones, se ha querellado contra ella en el Tribunal Supremo por varios delitos vinculados a ese enfrentamiento con la Fiscalía, entre ellos supuesto cohecho, calumnias y retardo malicioso en la administración de justicia.