La sed, el hambre y la desesperación desataron la tragedia en la patera rescatada el pasado domingo al sur de Gran Canaria con 42 personas a bordo, un incidente que ha enfrentado a la Delegación del Gobierno en Canarias con Sanidad por la atención médica dispensada a los inmigrantes al llegar a Arguineguín (Mogán). El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ordenó ayer el ingreso en prisión de los ocho subsaharianos que tomaron el control de la embarcación y supuestamente sometieron por la fuerza al resto de compañeros, entre ellos el líder del grupo, que supuestamente se hizo pasar por brujo para infundir miedo a los demás, según los testimonios prestados por algunos de los supervivientes.
Hasta el momento han muerto ocho inmigrantes, siete en alta mar y uno en el Hospital Insular por hipotermia, según el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, tras denunciar la "dantesca" situación vivida en la comisaría de Maspalomas y acusar al Servicio Canario de la Salud (SCS) de no atender de forma adecuada a los pacientes.
La expedición partió cinco días antes desde Cabo Bojador, en el Sahara Occidental, y fue rescatada a 18 kilómetros de Gran Canaria por Salvamento Marítimo con 42 supervivientes, de los que 26 no fueron derivados a los hospitales capitalinos, sino a los centros de salud de Maspalomas y de Arguineguín. Luego se les dio el alta y los trasladaron a la comisaría, pero algunos estaban en estado "grave" y hubo que llevarlos al hospital, donde se les volvió a dar el alta médica. Todos ingresaron en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Barranco Seco (CIE), pero tres seguían muy débiles y el delegado intervino para exigir el reingreso hospitalario.
Un asunto complejo
La fiscal de Extranjería, Teseida García, ha abierto varias líneas de investigación en colaboración con el juzgado para esclarecer lo sucedido. La primera se centra en lo que sucedió en esos cinco días de travesía. Los testimonios son contradictorios y la instrucción será compleja, pero tanto la fiscal como la juez han visto indicios para encarcelar de manera provisional a los inmigrantes que supuestamente se hicieron con el control de la patera. A los investigados se les atribuye un delito de homicidio, lesiones, amenazas y cinco homicidios imprudentes, los cuales se corresponden con los fallecidos en alta mar de los que se tiene certeza. Los cuerpos se arrojaban por la borda. De ahí la dificultad de reconstruir lo sucedido e individualizar lo que hizo cada integrante del grupo.
Algunos testimonios atribuyen al supuesto brujo el liderazgo, pues era la persona con más edad, con más experiencia y la que daba las órdenes, además de controlar las provisiones de agua y de comida. Los testigos lo implican en la muerte violenta de un compañero y en una paliza que recibió una pareja, la cual continúa ingresada debido a la gravedad de las heridas y las fracturas causadas por los golpes.
También aseguran que se pintó la cara de blanco y lanzó maldiciones contra dicha pareja, a quienes responsabilizó de gafar con rezos la expedición tras producirse la rotura del motor y quedarse a la deriva. El imputado, sin embargo, niega que se dedique a la brujería y rechaza que haya utilizado magia negra para amedrentar a sus compatriotas. Asegura que la pareja comenzó a rezar de manera exaltada, perdió el control y empezó a morderse víctimas de la desesperación. Por eso intervino, para reducirlos. Algo similar ocurrió con otro hombre al que supuestamente mataron a golpes y tiraron al mar. También niega que se pintara la cara de blanco para infundir temor, y achaca esas acusaciones al color blanco de la pasta de dientes que se vio obligado a comer para mitigar el hambre.
Las declaraciones como investigados de los ocho detenidos comenzaron el jueves, pero se extendieron hasta la madrugada de ayer porque también comparecieron algunos testigos. Eso, unido al uso de intérpretes y la complejidad del caso, motivó que los interrogatorios durasen todo el día.
Para la próxima semana está previsto que pasen a disposición judicial los dos patrones de la patera. Se les tomará declaración, en principio, por favorecer la inmigración ilegal, aunque la instrucción por ese delito se hará de manera separada a los hechos violentos ocurridos en alta mar, según han explicado fuentes judiciales. Nada indica que los patrones pertenezcan a alguna mafia o intervinieran en los homicidios, por lo que se exponen a una pena bastante inferior al resto de imputados.
Falta por ver qué hará el Juzgado de Instrucción con el atestado policial sobre el trato médico dado a los inmigrantes por la administración sanitaria.
