"Debemos agilizar la gestión del suelo. La carga burocrática que conlleva cualquier decisión sobre el suelo en nuestra tierra no puede seguir lastrando este Archipiélago". El presidente Fernando Clavijo se marcó en la sesión de su investidura el objetivo de aprobar una nueva ley del territorio, pese a que apenas ha pasado un año desde que se aprobó en el Parlamento la Ley de Armonización y Simplificación sobre Ordenación del Territorio y Recursos Naturales, también llamada ley Berriel, que puso el colofón a los ocho años de Paulino Rivero al frente del Gobierno autonómico.
Hoy, tras meses de trabajo callado y alejado de los focos mediáticos, se conocerá el primer borrador de esa nueva ley, cuya redacción se ha encargado a un grupo de expertos. Se ha hecho de forma tan secreta, para evitar interferencias, que la mayoría de los consejeros desconocen siquiera cuáles son sus líneas generales.
Nuevos tiempos en un Gobierno con los mismos partidos que en la pasada legislatura pero con actores principales diferentes. Tan diferentes que Clavijo quiere darle una nueva vuelta de tuerca a la simplificación de los trámites administrativos y, al contrario que su predecesor, volver a dejar en manos de los cabildos y ayuntamientos la principal responsabilidad en el planeamiento y en el uso del suelo.
El Gobierno regional ha ido acaparando competencias y poder sobre el territorio en los últimos años con leyes, decretos y disposiciones, por un lado, y un organismo, por otro, como es la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que tiene la última palabra para bloquear o dar luz verde a los planes generales e insulares.
Desde que en 1994 se aprobó la Ley de Espacios Naturales y en 1999 la de Ordenación del Territorio, Canarias ha soportado una sobrecarga legislativa que ha ido acompañada de las diferentes normativas que han restringido el crecimiento turístico.
Maraña
El principal problema ha sido que a cada ley que se aprobaba no se derogaba la anterior, de tal forma que la superposición de normas ha creado una confusión de tal calibre que al planeamiento no le ha dado tiempo material de adaptarse a una ley para tener que cambiar de nuevo. Esta selva normativa ha provocado con el paso de los años una ralentización en la ordenación del territorio y, como consecuencia, el bloqueo de proyectos urbanísticos y de inversión.
Clavijo quiere acabar con esta situación y ha puesto este reto como uno de sus principales objetivos de la legislatura. Simplificar y agilizar trámites no es vulnerar la sostenibilidad ambiental y dar "barra libre" a la construcción, según ha afirmado en varias ocasiones. Pero las suspicacias ya están sobre la mesa por parte de partidos, ecologistas, urbanistas y juristas hasta conocer qué fórmulas plantea la nueva ley que no choquen con los controles jurídicos, administrativos y medioambientales.
La importancia que le da Clavijo a esta ley lo demuestra el hecho de que es él personalmente el único que habla sobre la Ley del Suelo y el que ha dado algunas pistas, pero muy generales aún, sobre la futura Ley del Suelo. La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, apenas ha avanzado en el Parlamento datos sobre el número de normas que se refundirán (una veintena de leyes directas además de casi 30 decretos y reales decretos), amén de reiterar el objetivo principal de la reforma.
Frente a las suspicacias, el jefe del Ejecutivo insiste en que el texto dará suficiente seguridad jurídica a los inversores y garantizará la sostenibilidad medioambiental. Asimismo, aleja cualquier posibilidad de que la nueva norma entre de lleno en la regulación del crecimiento turístico, dejando ese debate para la reforma de la Ley de Renovación y Modernización Turística, que se abordará en profundidad el año 2017.
Sin embargo, este protagonismo de Clavijo no ha terminado de gustar a sus socios en el Gobierno, los socialistas, que no han participado en el proceso de elaboración del borrador.
Todavía quedan algunos meses para que el Gobierno apruebe la norma como proyecto de ley y es muy probable que el texto inicial que se debate hoy en la reunión del Ejecutivo cambie, una vez que sea revisado por los dos socios y las instituciones, organismos y organizaciones a las que se presentará para su debate.
Uno de los principales retos del Ejecutivo es hacer tabla rasa de toda la normativa anterior sobre el suelo y dejar una única ley en vigor para facilitar los trámites y procesos de aquí en adelante. No será un trabajo fácil después de 22 años de legislación marcando el uso del suelo en Canarias.
