La nueva Ley del Suelo que impulsa el Gobierno canario da vía libre para que los ayuntamientos y cabildos puedan realizar modificaciones puntuales de su planeamiento en un máximo de seis meses para acoger nuevos proyectos urbanísticos y de inversión, frente a los 12 años actuales. La legislación vigente obliga a las corporaciones locales a revisar todo el plan general o insular cuando se pretende hacer algún cambio concreto que permita nuevos desarrollos no previstos en el documento en vigor. "Lo que es extraordinario se ha convertido en habitual y eso hay que revertirlo", aseguró ayer el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.
Otra modificación sustancial es que el planeamiento no tendrá que revisarse en su integridad cuando entre en vigor la ley, como sucedía hasta ahora. Clavijo puntualizó que la norma se aplicará al día siguiente de su publicación en el BOC y los ayuntamientos y cabildos tendrá libertad para adaptarse o no, lo que supone que no tendrá efecto retroactivo.
La Ley del Suelo deja en manos de las corporaciones locales no sólo la tramitación de los planes, sino también su aprobación definitiva y el informe de legalidad. De esta forma, la Cotmac pasará de ser un organismo vigilante y supervisor a convertirse en un ente que se encargará de realizar el informe que emita la Comunidad Autónoma sobre los planes generales e insulares, sin potestad ya para cuestionar o bloquear los mismos como hasta ahora.
Clavijo defendió que el espíritu de la ley es que "cada Administración será responsable de aprobar su planeamiento". En la tramitación habrá un ahorro sustancial de trámites y se elimina la aprobación provisional, de tal forma que habrá un avance, una aprobación inicial y la definitiva.
El Consejo de Gobierno tomó ayer en consideración el anteproyecto de Ley del Suelo con los criterios de simplificar, racionalizar y actualizar el uso del territorio en las Islas. Para ello se derogarán cuatro leyes: la de Ordenación del Territorio (año 2000), la de Directrices (2003), la de Armonización y Simplificación (2014) y la de Inversiones Estratégicas (2015). Sin embargo, no será una ley sencilla ya que consta de más de 400 artículos, lo que le convierte en una de las leyes más extensas que se hayan aprobado por la Comunidad Autónoma.
Durante la presentación de la ley, Clavijo cuestionó varios de los preceptos que guiaron a gobiernos anteriores en la gestión del territorio, entre ellos la proliferación de leyes para resolver problemas concretos y la aprobación de figuras de planeamiento específicas para saltarse las leyes, como es el caso de los planes de modernización y renovación turísticos. No obstante, el jefe del Ejecutivo regional dejó claro que la nueva norma "no va a replantear el modelo de consumo de suelo".
Según los datos que obran en poder de la Consejería de Política Territorial, en Canarias hay unos 54 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, aunque los cálculos de la empresa pública Grafcan elevan esta cifra hasta los 100 millones de metros cuadrados. En cualquier caso, Clavijo aseguró que en Canarias hay suficientes terrenos urbanizables para los próximo 20 años, por lo que no hay necesidad de habilitar más suelo. La ley invierte también lo aplicado hasta ahora de forma que todo el suelo no clasificado se considera rústico con el fin de consolidar su uso para la agricultura y la ganadería.
El presidente aseguró que la futura norma no supondrá una regresión de decisiones estructurales, por lo que no se tocarán los espacios naturales protegidos, se tenderá a la contención en el consumo de suelo rústico, permitiéndose viviendas rurales solo en asentamientos, a que el suelo urbanizable esté contiguo al urbano y a prohibir la clasificación de nuevo suelo turístico.
El jefe del Ejecutivo regional también dejó claro que la norma que inicia ahora la tramitación para llevarla al Parlamento sólo entra en asuntos de índole medioambiental, territorial y urbanístico. Por ello, el texto no regula cuestiones sectoriales como el crecimiento turístivo, el patrimonio histórico, el comercio, las actividades clasificadas o la vivienda. El "espíritu" que prohíbe que todo lo que no esté contenido en un plan no se puede hacer se invierte, con el fin último de acabar con los procedimientos "interminables" que hacen que el plazo medio de aprobación de un plan general de ordenación se sitúe en Canarias en los 12 años.
Clavijo negó que haga "tabla rasa" de la legislación promovida por sus antecesores, entre ellos Paulino Rivero, ya que la nueva ley recoge todo lo "importante" de las mismas aunque formalmente las derogue. "El Gobierno no puede decidir por criterios políticos la ordenación del suelo a los ayuntamientos y cabildos", apostilló el presidente.
