La Delegación del Gobierno en Canarias y la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional apartaron ayer sus diferencias y acordaron revisar los protocolos de atención a los inmigrantes que arriban a las costas del Archipiélago para ofrecer respuestas "excepcionales" cuando su estado de salud es delicado. Con ello quieren solventar los últimos errores cometidos. Ninguna de las dos administraciones quiere que se repitan las imágenes del domingo 7 de febrero, cuando una embarcación fue rescatada por Salvamento Marítimo a diez millas al sur de Gran Canaria con 42 ocupantes a bordo. Uno de ellos falleció en el Hospital Insular y varios precisaron atención médica y hospitalaria, que fue cuestionada aquellos días por el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, quien trasladó las diligencias policiales al juzgado.
Numerosos inmigrantes estuvieron horas tumbados en el suelo del garaje de la comisaría de la Policía Nacional en Maspalomas con vías y monitores sanitarios conectados. Su estado era lamentable, estaban graves, como atestiguaron tanto los agentes como Cruz Roja. Esta situación desencadenó el enfrentamiento entre Madrid y el Gobierno autonómico por la atención del Servicio Canario de Salud (SCS).
El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, inició un expediente de oficio para aclarar lo ocurrido y exigió explicaciones al SCS. También los dos obispados de Canarias y Cáritas expresaron su indignación por el trato que recibieron los inmigrantes y reivindicaron a las administraciones "responsabilidad y mayor coordinación".
Igualmente, la Fiscalía de Extranjería ha solicitado al Juzgado de Instrucción número de 3 San Bartolomé de Tirajana que abra una pieza separada para esclarecer la atención prestada a los inmigrantes. Aún no se ha citado a ningún efectivo de Sanidad para prestar declaración. "Es posible que nos llamen, pero hasta ahora no lo han hecho", afirmó ayer el consejero canario de Sanidad, Jesús Morera.
El 15 de febrero el presidente canario, Fernando Clavijo, tendió la mano al Estado para corregir el protocolo de actuación y ayer se dio el primer paso con una reunión de Hernández Bento con Morera, y el director del Servicio Canario de la Salud, Roberto Moreno. En aras a la cordialidad no se entró en la polémica política desatada en las últimas semanas.
El titular de Sanidad reconoció que "se han limado asperezas" durante este encuentro, en el que se repasó todo lo acontecido entre el 7 y el 8 de febrero, tanto en lo referente a la labor de los medios que dependen de la Delegación del Gobierno como en la coordinación con el Servicio Canario de Salud.
Ambas administraciones defienden que los protocolos actuales han venido funcionando bien, pero han acordado que "ante situaciones excepcionales se deben dar soluciones excepcionales", en palabras del delegado del Gobierno.
"Debemos establecer unos protocolos específicos porque evidentemente algo falló ese fin de semana; queda claro en vista de las imágenes que han salido publicadas en los medios de comunicación", agregó, tras una reunión que calificó de "constructiva".
Por este motivo, se ha decidido crear una mesa técnica encargada de revisar los protocolos y estudiar el desarrollo de normas específicas cuando se tenga aviso de la llegada de embarcaciones cuyos integrantes puedan venir en un deteriorado estado de salud.
En esos grupos de trabajo intervendrán expertos en la materia, gerentes de atención primaria, el encargado del Plan de Urgencias, el director del Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja y representantes de la Delegación del Gobierno. "Se trata de dar solución a situaciones excepcionales como las que se vivieron con la llegada de la última patera, por la mala situación de salud de las personas. Hay que avanzar algo más en los protocolos e incluir este tipo de circunstancias", ahondó Morera, que insistió en que la atención a pie de puerto de los inmigrantes "fue correcta, ya que se hizo un buen triaje para determinar adónde tenían que ir en su momento". En cambio, admitió que el fallo se produjo después, una vez atendidos, "en cómo tenían que reactivarse las llamadas al SUC", en lugar de a centros de salud, que fue lo que se hizo pero "no era lo adecuado". "Ahí falló el dispositivo, en cómo reactivar los recursos para atender a estas personas cuando ya habían sido atendidas", señaló. El consejero destacó que desde 2007 no se vivían en las Islas "eventos tan dramáticos" como los sucedidos a principios de mes.
