Fernando Clavijo aseguró ayer que ha informado hasta en tres ocasiones a los dirigentes socialistas del Gobierno sobre el anteproyecto de la Ley del Suelo, aunque sin entrar en detalles sobre los pormenores del texto. El presidente aseguró que "nadie conocía el texto articulado, ni yo mismo" porque eso era misión del comité de expertos designado para ello. "Puede hablarse de respeto al Consejo de Gobierno o de secretismo ¿dónde está la barrera? para mí en el respeto a las instituciones y hoy [por ayer] todos los consejeros han tenido conocimiento del texto articulado oficialmente y hace una semana fue cuando lo conoció la vicepresidenta del Gobierno", añadió.
Clavijo aseguró que nadie del PSOE le ha hecho llegar el malestar que ha ocasionado entre los socialistas la celeridad con la que se ha elaborado el borrador de la ley, sin que se haya puesto en común con sus socios en el Gobierno. De hecho, fuentes socialistas han asegurado a este periódico que el texto que salió ayer del Consejo de Gobierno no era el mismo que salió del comité de expertos y con el visto bueno de Presidencia del Gobierno.
A los dirigentes socialistas consultados les preocupa que la Comunidad Autónoma deje toda la potestad en la aprobación y legalización de los planes en manos de los ayuntamientos y cabildos y que la Cotmac se convierta en un mero emisor de informes. Otra cuestión que chirria en algunos ámbitos del PSOE es que la evaluación ambiental de los planes generales e insulares también esté residenciada únicamente en las corporaciones locales.
Clavijo señaló que a partir de ahora se abre un periodo interno para el análisis del texto por las consejerías del Gobierno, con la Fecam y la Fecai, organizaciones empresariales, sindicales y colegios profesionales para "enriquecer" el texto. Ahora bien, el jefe del Ejecutivo regional matizó que no se va a permitir modificar el "espíritu" de la ley, es decir, que se agilice la tramitación de los planes urbanísticos y que los organismos proponentes de los mismos, cabildos y ayuntamientos, sean también los que aprueben de forma definitiva la ordenación y regulación de su territorio.
