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La nueva Cotmac excluye a consejeros insulares, ediles, arquitectos y ecologistas

El órgano estará formado solo por representantes de la Comunidad Autónoma

El Gobierno da un vuelco a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). El anteproyecto de la Ley del Suelo contempla la creación de un órgano colegiado, adscrito a la Consejería de Política Territorial, que tendrá como principal misión emitir el informe de la Comunidad Autónoma para la tramitación de los planes generales e insulares pero no entrará, salvo en casos necesarios, en la legalidad y en la evaluación ambiental del planeamiento. Este órgano estará formado únicamente por representantes de la Comunidad Autónoma y prescinde, por tanto, de concejales, consejeros insulares, arquitectos, ecologistas y técnicos que hasta ahora han formado parte de la Cotmac.

No obstante, el texto también recoge que, aunque el informe autonómico es preceptivo y vinculante, la falta de emisión de informes en el plazo que se establezca no interrumpirá la tramitación del procedimiento. Para ello se remite a la ley básica de evaluación ambiental, que establece que los informes y alegaciones recibidos fuera de plazo no se tendrán en cuenta.

La Cotmac seguirá funcionando de forma provisional hasta que el Gobierno determine la composición, estructura y funcionamiento del nuevo órgano colegiado. En cualquier caso ya no estará formada por técnicos y dirigentes de las distintas administraciones públicas, sino únicamente por personal de la Administración autonómica.

El anteproyecto de ley otorga a los cabildos y ayuntamientos tanto la legalidad de los planes territoriales como la evaluación ambiental de los mismos. Las corporaciones locales tienen capacidad para contar con su propio órgano y sólo en el caso de que no cuenten con recursos suficientes podrán encomendar el estudio ambiental a la Comunidad Autónoma.

Sector primario

La primera reunión del presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, y de la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, con los sectores económicos tras la aprobación del anteproyecto de ley fue ayer con los representantes del sector primario de las Islas, a quienes explicó las novedades de la norma en materia agrícola y en la protección del suelo rústico. Entre estas novedades figura que las explotaciones agrícolas y ganaderas estarán exentas de solicitar permisos para realizar obras de reparación, mantenimiento, mejora y conservación de las instalaciones.

El régimen de licencias y comunicaciones previas se refiere a cualquier tipo de suelo, incluido el rústico, por lo que los propietarios de instalaciones agrícolas y ganaderas se verán beneficiados ya que no tendrán que esperar meses y hasta años para realizar actuaciones puntuales en las terrenos, siempre y cuando no supongan modificaciones sustanciales o ampliaciones.

Una de las cuestiones que más llama la atención del anteproyecto de ley es su preámbulo, que es especialmente duro y crítico con el trabajo realizado por gobiernos anteriores a la hora de legislar sobre el territorio. "Las normas territoriales y urbanísticas aprobadas se han convertido en una carga... que, en ocasiones, se transforman en meros obstáculos, no siempre explicables, que dificultan o incluso impiden un desarrollo racional y sostenible del territorio", recoge el texto. Asimismo, se tacha de "lastre" la regulación actual del suelo "para la planificación y el ejercicio ordenado de actividades sociales y económicas".

Por ello, se pretende reducir trámites "excesivos e innecesarios" y rebordear las reglas y los instrumentos de intervención sobre el suelo en aras de conseguir la claridad y la certidumbre, así como evitar "duplicidades" e "incoherencias".

La introducción a la norma relata las numerosas leyes y disposiciones que influyen sobre el territorio y, sin embargo, también advierte que faltan desarrollos reglamentarios indispensables y destaca la incertidumbre que se ha generado por las contradicciones, imprecisiones y vacíos existentes.

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