La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), el organismo autonómico que durante años ha tenido la última palabra en el urbanismo, solo conservará la función de informar en la tramitación de los planes sobre asuntos de competencia autonómica.
El anteproyecto de nueva Ley del Suelo que el Gobierno regional va a presentar al Parlamento establece, a partir de ahora, un procedimiento "monofásico" en el que el ayuntamiento o el cabildo implicado será el responsable, de principio a fin, de aprobar sus planes de ordenación o de urbanismo, recabando los informes correspondientes, sin someterse al filtro que hasta ahora ejercía la Cotmac, que valoraba previamente su legalidad y podía frenarlos.
La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto (CC), explicó ayer que la Cotmac conservará una participación en ese procedimiento: ya no emitirá informes de legalidad del plan en cuestión (eso le corresponderá hacer al ayuntamiento o cabildo que lo tramita), sino que se pronunciará sobre cómo encaja el contenido de ese instrumento en cuestiones que competen al Gobierno canario.
De esa forma, la Cotmac unificará en un solo documento todos los informes que deben emitir las distintas consejerías involucradas, cuyo contenido será vinculante para el ayuntamiento o el cabildo que promueve el plan. Decidir si el ayuntamiento o el cabildo ha respetado las directrices de ese informe ya no será función de la Cotmac, sino que lo determinarán los tribunales, llegado el caso.
¿Qué ocurre si el Gobierno considera que el ayuntamiento o cabildo no respeta lo que estableció la Cotmac? "Pues que aprobará el plan, pero nos veremos en los tribunales", resumió Barreto.
Para evitar que la tramitación de los procedimientos se demore en exceso (el Gobierno pretende que los planes municipales salgan en 22 meses), la Cotmac solo dispondrá de dos meses para emitir su informe preceptivo y vinculante. Transcurrido ese tiempo, el ayuntamiento o cabildo puede seguir con la tramitación del plan.
Sin embargo, precisó que los informes de la Cotmac sobre cuestiones de competencia autonómica seguirán siendo vinculantes aunque se emitan fuera de plazo, por lo que el ayuntamiento o cabildo que decida seguir con la tramitación sin él a los dos meses, asumirá el riesgo de adaptarlo después.
Por otro lado, la nueva ley reforma el tratamiento del suelo rústico para facilitar las actividades del sector primario, pero también faculta a los cabildos a autorizar en él otro tipo de proyectos que consideren "de interés público". En esos casos, el cabildo deberá someter a información pública el proyecto y escuchar la opinión del ayuntamiento donde estén los terrenos. Corresponderá a la institución insular justificar qué cree "de interés público".
