Nueva Canarias y Compromís registraron ayer en el Congreso de los Diputados la primera iniciativa de la legislatura que aborda el contencioso del Sáhara Occidental, que se remonta a hace más de 40 años. El texto pide la celebración de un referéndum de autodeterminación en los antiguos territorio españoles que incluya "todas las opciones", desde la posibilidad de la independencia de Marruecos hasta el fin del "expolio de los recursos naturales".
El desembarco de la causa saharaui se produce de la mano del diputado nacional de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, quien, en compañía de los cuatro representantes de Compromís, ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que, además de la consulta sobre el conflicto que se inició con la salida de España del territorio (1975) y la inmediata ocupación marroquí, se solicita la elevación del estatus que el Gobierno estatal concede al Frente Polisario.
Según la PNL, presentada para ser debatida en comisión o en pleno, insta a la Cámara baja a incidir en el derecho que el pueblo saharaui ya tiene reconocido a la autodeterminación.
En cuanto a la consideración diplomática, la iniciativa expone la necesidad de que el Frente Polisario tenga la misma que ostenta la Autoridad Palestina, es decir, jefe de misión, lo que, de facto, lo convierte en embajador.
Precisamente el martes, Jira Bulahi Bad, nueva delegada del Frente Polisario en España, se quejó de que ninguna formación política española contemple entre sus prioridades sobre política exterior la defensa de la causa saharaui, lo que incluye la "violación de los Derechos Humanos", cuestión por la que la PNL también busca que se interesen los parlamentarios.
La iniciativa pretende además que la Cámara manifieste su "preocupación por la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados sobre la población civil saharaui". Nueva Canarias y Compromís exigen en su propuesta "el cese inmediato de la represión" en los territorios ocupados, "la libertad de todos los presos políticos saharauis y el acceso al territorio de observadores internacionales" que puedan elaborar informes objetivos sobre la situación.
Sobre esto último, detallan la necesidad de prolongar el mandato de la Minurso (Misión de las NAciones Unidas para el Sahara Occidental) y que este no se ciña a garantizar el alto el fuego, sino que debe impedir la vulneración de "los derechos humanos hasta la celebración del referéndum".
La proposición no de ley persigue además que el Congreso exija la "anulación" del juicio militar contra los 25 activistas del campamento de Gdim Izik que se levantó a finales de 2010 en las inmediaciones de El Aaiún y que fue desmantelado por la fuerza por Marruecos, con un saldo de once miembros de las fuerzas marroquíes de seguridad muertos, y otros cinco saharauis. Algunos analistas internacionales consideran que aquellos hechos indujeron la Primavera Árabe.
