El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, acusa al Gobierno de Canarias de "entorpecer" su labor. El Ejecutivo regional figura entre las administraciones que en el conjunto del país dificultan la actuación del Defensor del Pueblo, que sirve de enlace entre los ciudadanos y las instituciones. Así lo revela el informe anual de la institución dirigida a nivel nacional por Soledad Becerril, que presentó ayer el documento en las Cortes.
El Defensor del Pueblo denunció el año pasado al Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona) ante la Fiscalía por negarse explícitamente a colaborar con los requerimientos de la institución. Sin llegar a esta situación pero señaladas como "entorpecedoras" de su labor constan 38 administraciones locales y los gobiernos autonómicos de Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Madrid y Asturias.
"Se conocen las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar la información requerida; pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo", remarca el informe.
El estudio detalla que las quejas al Diputado del Común en Canarias bajaron un 16,6% en 2015 en relación al año anterior, al pasar de 746 a 622 registradas el año pasado. Por provincias, en Las Palmas cayó un 20,2% hasta totalizar 313; mientras que en Santa Cruz de Tenerife se redujo un 12,71% hasta 305. Las quejas en Canarias supusieron el 3,6% de todas las que hubo en España en 2015, centradas en asuntos de la administración de justicia, crisis, sanidad, empleo y educación.
