La Audiencia Nacional ha optado por archivar la investigación abierta a dos militares de la Armada y la activista de Greenpeace Matilde Brunetti por los incidentes que tuvieron lugar en aguas cercanas a Lanzarote el 15 de noviembre de 2014 durante una protesta contra la prospecciones petrolíferas de Repsol en la zona.

La ecologista resultó herida en una pierna cuando las lanchas de la organización fueron interceptadas por las del Ejército, dentro del perímetro de exclusión marítima que había decretado el Ministerio de Fomento en torno al barco de la empresa petrolera.

Para el juez José de la Mata, la actuación de la Armada está amparada en la legalidad, mientras que en el caso de Greenpeace, si bien considera que su conducta fue netamente antijurídica, entiende que no se puede imputar un delito de piratería a la activista, puesto que ni comandaba ni pilotaba la lancha.

Según el auto, la joven no tuvo dominio alguno del hecho ni tenía capacidad tampoco sobre las otras tres embarcaciones de Greenpeace que participaron en la protesta, por lo que no puede hacersele responsable de ningún delito.

Su participación se limitó, dice el magistrado, "a ocupar una de las lanchas, desconociéndose si su propósito era abordar o no el buque" que trabajaba para Repsol.

En cuanto a los militares, el juez considera acreditado que desarrollaban una función de seguridad y de mantenimiento del orden público, protegiendo la zona de exclusión en la navegación marítima, tal y como había acordado tres días antes en una resolución el director general de la Marina Mercante.

Ante las reiteradas negativas de Greenpeace para retirarse, los militares consultaron a sus superiores nuevas órdenes, por lo que su actuación se ajustó al cumplimiento del debero. De la Mata entiende que los activistas de Greenpeace sí mostraron, por contra, una conducta de clara rebeldía y violentaron la decisión de la Autoridad pública que había prohibido legalmente la navegación en ese área e iniciaron maniobras para intentar el abordaje del buque de Repsol.

Por este motivo, De la Mata indica que en supuestos como este la imputación del riesgo se traslada al ámbito de responsabilidad de las víctimas, en tanto que la actividad generadora de riesgo fue concebida y llevada a cabo hasta sus últimas consecuencias por los activistas de Greenpeace.

La organización ecologista anunció ayer, nada más conocer la decisión judicial, que interpondrá un recurso porque todas sus actuaciones fueron "pacíficas", comunicadas previamente al barco y "sólo trataban de denunciar la agresión ambiental que causaría la extracción de petróleo en Canarias y no el abordaje del barco de la multinacional petrolera". En opinión de la ONG, la imágenes que filmó demuestran "claramente" la intencionalidad y "la brutalidad" de la agresión sufrida por los activistas.

En contra de la decisión de la Audiencia Nacional de suspender el caso porque el uso de la fuerza que empleó la Armada fue en "cumplimiento del deber", Greenpeace considera que como consecuencia de la "fuerza desmedida" resultaron heridos tres activistas, que a día de hoy continúan recuperándose.

El abogado de Greenpeace, José Manuel Carrasco, defiende que la protesta pacífica no debe reprimirse por la fuerza, ya que de ser así "crearía un grave precedente dado que el derecho a protestar ha de existir siempre".